ENSENADA, BC (apro).- Al presentar su plan de trabajo, el nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ofreció que en un mes resolverá la deuda de la administración estatal con los maestros; en dos meses terminará con el débito a la universidad estatal, y en 180 días cancelará la contaminación binacional en las playas del sur de San Diego, California, y en los municipios de Tijuana y el norte de Rosarito. Ello, pese a que recibe del panista Francisco Vega de Lamadrid una administración “en shock financiero”, con una deuda de más de 30 mil millones de pesos y un saldo disfrazado de más de 70 mil millones de pesos en contratos de Asociación Pública Privada pactados con diversas empresas. En su primer mensaje al pueblo bajacaliforniano, luego de su toma de posesión, esta madrugada, como gobernador de la entidad por cinco años –hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en definitiva el tema de la ampliación de mandato--, Bonilla prometió: “No les voy a fallar”. Tras hacer una apología de la corrupción y los excesos de 30 años de gobiernos panistas, que provocaron el hartazgo de la sociedad con el modelo neoliberal de los derechistas, el nuevo mandatario estatal consideró que el gran error del panismo fue no crear “una nueva clase política” en todo ese largo periodo. De igual manera, prometió que los maestros, la población infantil y los pensionados y jubilados serán el eje prioritario de su gobierno, por lo que a partir del próximo lunes 4 pondrá en marcha el programa de “desayunos escolares calientes” para todos los estudiantes de educación básica de la entidad. Para ello, dijo, su gobierno --y sorprendió con el anuncio, porque no hay un antecedente de licitación pública o invitación a proveedores previa, para poner en marcha el programa-- ya contrató a las empresas que abastecerán el alimento a un costo promedio de 12 pesos por desayuno. Los beneficiarios no pagarán porque la administración estatal, subrayó, destinará parte de los recursos públicos que se ahorrarán del programa de austeridad administrativa, que se pondrá en marcha este mismo mes, a la retribución de los proveedores por un monto inicial de mil millones de pesos. Bonilla también se comprometió a pagar en un mes la deuda histórica por más de cuatro mil millones de pesos que el estado tiene con el magisterio interino, jubilado y pensionado, y en dos meses más, sostuvo, cubrirá el adeudo con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que asciende a más de mil 710 millones de pesos. Anunció que su gobierno ejecutará, entre otras obras de infraestructura prioritarias, la ampliación a cuatro carriles de la carretera transpeninsular que va de Guerrero Negro (Baja California Sur) a Ensenada –un tramo de más de 650 kilómetros--, con una inversión de 19 mil millones de pesos. Asimismo, una “ciudad inteligente” de avanzada tecnológica en lo que hoy es el resguardo militar de El Ciprés, de 360 hectáreas de superficie ubicadas en la zona sur de la ciudad de Ensenada, y un malecón en Playas Rosarito, además de una nueva central de autobuses en Tecate. Ofreció acceso a internet en toda la península, dos trenes interurbanos en Tijuana y Mexicali, y el desarrollo de Zonas de Protección Arquitectónica en la comunidad china de Mexicali conocida como La Chinesca, el valle vinícola de Guadalupe y el Centro Histórico de Tijuana. “Vamos a garantizar el servicio de agua a todos. No podemos decir no a las desaladoras; ahí está la playa, que no nos falte el agua”, soltó Bonilla, quien desde 2006, siendo director del Distrito de Agua en Otay, San Diego, gestionó la construcción de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito por empresas transnacionales. En su plan de austeridad y reingeniería administrativa, el mandatario estatal anunció que no se comprarán nuevos vehículos ni celulares para los funcionarios; se reducirá el sueldo de los altos cargos de gobierno –“yo entregaré íntegro mi sueldo a diversos albergues”, dijo--; se eliminarán los choferes y secretarios particulares, las escoltas de protección policial sin justificación, las áreas de comunicación social y los gastos de publicidad.

“Haremos un gobierno sin derroches ni gastos innecesarios; haremos un manejo honesto y transparente de las finanzas públicas; en la nómina no habrá aviadores, ni amigos, ni parientes y erradicaremos la corrupción. Queremos regenerar la vida pública y castigar los actos de corrupción del gobierno pasado. Si Kiko (Francisco Vega, el gobernador saliente) cree que si saca el dinero del estado se salva, que sepa de una vez que le vamos a aplicar la transmisión de dominio.”

Posterior a su discurso, en el que estuvo presente Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bonilla tomó la protesta a los funcionarios de su gabinete: Ricardo Moreno, secretario particular del gobernador; Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación y Bienestar Social; Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo; Juan Guízar, director de Comunicación; Sergio Moctezuma Martínez López, secretario del Trabajo y Previsión Social; y Alonso Oscar Pérez Rico, secretario de Salud. Asimismo, Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda, Planeación y Finanzas; Cynthia Gissel García Soberanes, secretaria de Bienestar; Alma Sarahí Arellano Rosas, secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género; Héctor Haros Encinas, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria. Finalmente, Karen Postlethwaite Montijo, al frente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Vicenta Espinoza Martínez, en la Secretaría de Honestidad y Función Pública; Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura; Jesús Núñez Camacho, oficial mayor del estado; y Rodolfo Castro Valdez, coordinador de Gabinete.