ENSENADA, B.C. (apro).- Representantes de 24 organizaciones civiles de Baja California solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), a más tardar el 15 de noviembre, una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Bonilla” que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno a Jaime Bonilla Valdez. Lo anterior para dar certeza jurídica de que el Poder Judicial de la Federación entrará al estudio del fondo constitucional de la norma contenida en el decreto de reformas a la Constitución del estado, publicado en el Periódico Oficial local el pasado 17 de octubre. Para ello solicitan al mandatario que pida al consejero jurídico del gobierno, Julio Scherer Ibarra, ser el conducto legal para activar los mecanismos constitucionales que garanticen el respeto al orden jurídico nacional en el “caso Bonilla”. En la petición que entregaron hoy en la mañana a Scherer Ibarra, los integrantes del colectivo “Resistencias Unidas de Baja California” recuerdan que López Obrador ha dicho repetidamente que no actuará en el asunto.

“Pero hace falta su intervención para despejar toda duda de que la Suprema Corte resolverá el fondo constitucional de un caso que mucho preocupa a la población de Baja California.”

Consideran que el presidente es primero que nada jefe de Estado, lo que le impone “el deber supremo de salvaguardar el orden constitucional y la paz pública” en todos los rincones del país.

“No tiene que hacerlo por sí mismo, pero sí puede, por conducto de su Consejero Jurídico, activar los mecanismos constitucionales que garanticen el respeto al orden jurídico nacional y den la certeza” de que la SCJN no encuentre modo alguno de omitir el fondo legal del caso.

Esa certeza –afirman- solo la brinda la acción de inconstitucionalidad que promueva el jefe de estado, “ya que cualquier otra corre el riesgo de resultar precaria y abonar para que la Suprema Corte omita, por razones técnicas, el fondo jurídico planteado.” Recuerdan que los congresistas de Baja California, aunque pueden presentar una acción de inconstitucionalidad, no lo harán, por lo que observan un “severo riesgo jurídico” de que la Corte considere que la Ley Bonilla no es una norma electoral.

“Eso dejaría sin legitimación jurídica a los partidos políticos que promovieron acciones e igual suerte podrían correr las que, en su caso, llegaran a promover las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos.”

En ese sentido, señalan que, si la Corte llegara a considerar que esa ley no regula una cuestión preponderantemente de derechos humanos, sino que únicamente atañe al periodo del gobernador Bonilla, también podría sobreseer por falta de legitimación jurídica.

“La Ley Bonilla podría quedar válida sin un procedimiento claro de la Suprema Corte sobre su validez constitucional. Eso a nadie conviene y afectaría severamente la vida pública de Baja California”, estiman.

Recuerdan por último que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad vence legalmente el 16 de noviembre, por lo que es recomendable que Scherer Ibarra presente la impugnación presidencial a más tardar el viernes 15 de noviembre. Entre los firmantes están los profesionales y activistas Daniel Solorio, Alma Piña, Filiberto Sánchez, Rigoberto Campos, Norma Cecilia Herrera, Arnoldo Vargas, Jesús Javier Wong, Hilda Chávez y Mario Santos Sotelo. Y representan a organizaciones como la Asamblea Popular de Tijuana, Causa Constitucionalista, Defensa del Agua del Valle de Mexicali, Tecate en Pie de Lucha, Comunidad Baja California Resiste, Ensenada en Pie de Lucha, Resistencia Rosarito, Voces en Resistencia de Ensenada, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y No a la Desaladora de Rosarito.