ENSENADA, B.C. (apro).- Junto con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal, tres colectivos de familiares de desaparecidos en Baja California exigieron al gobierno estatal la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Fondo para la Reparación Integral del Daño a víctimas de violación de sus derechos humanos. En escritos por separado, dirigidos al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y al secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez, ambas organizaciones precisaron que la indolencia en la atención del tema por parte de los gobernantes provocó que miles de víctimas y sus familiares sufrieran “graves violaciones a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de daños.” A esas voces se sumó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, quien en el estudio “Análisis Situacional en Materia de Derechos Humanos en Baja California 2019” destacó: “El Estado no ha cumplido con la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a sus derechos, por lo que el Poder Ejecutivo estatal debe adoptar de manera decidida una política de reparación integral del daño que permita garantizar a las víctimas de violaciones a derechos humanos el acceso a la justicia, de forma pronta y efectiva, no debiendo caer en omisiones, lo que conlleva a la revictimización para las personas”. Mora Marrufo agregó que, tras analizar 76 recomendaciones emitidas por la comisión de junio de 2015 a mayo de 2019, entre ellas 11 generales, encontró que sólo en dos de los documentos se realizó la indemnización por compensación monetaria a las víctimas como parte de la reparación integral del daño. “Y a la fecha (hoy) no están establecidos los instrumentos procesales contemplados en la Ley de Víctimas para Baja California, que incluyen una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un Fondo para la Reparación Integral del Daño, lo cual contribuye a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral a partir de instituciones, procedimientos y mecanismos que garanticen su realización”, abundó. En su carta, Fidel Sánchez, Bonifacio Martínez, Juan Hernández y Juan Martínez, indígenas mixtecos y triquis que dirigen la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal de jornaleros agrícolas, solicitaron que los cientos de trabajadores del campo que sufrieron represión física y violación a sus derechos en el movimiento de 2015 sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. Ello de conformidad con lo que desde el 30 de enero de 2017 encargó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 02/ 2017 (“Caso sobre violaciones a diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del valle de San Quintín, Ensenada, B.C.”), donde también pidió al gobierno de Francisco Vega que proporcionara la asistencia y asesoría requerida por las víctimas para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia, Reparación Integral e Indemnización contemplado en la Ley General de Víctimas. Los jornaleros destacaron que, si bien es cierto que la Ley estatal de Víctimas ya fue aprobada y publicada, también es cierto que a la fecha aún no se encuentran integradas las comisiones y órganos previstos en la norma para el debido cumplimiento de su objetivo. Tal es el caso del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y el Comisionado Ejecutivo Estatal, que debían instalarse y emitir propuestas de nombramiento dentro de los 180 y 90 días, respectivamente, contados a partir del 30 de octubre de 2018, fecha en la que entró en vigor de la Ley de Víctimas de Baja California. “El plazo para la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas feneció el 30 de enero de 2019, y el plazo para emitir la propuesta de nombramiento del Comisionado Ejecutivo Estatal venció el 3 de abril de 2019, lo que es una descarada violación a los artículos transitorios Quinto y Décimo de la citada ley”, puntualizaron los indígenas. Y agregaron que, independientemente de las acciones dilatorias del Congreso local y la omisión del Ejecutivo para acatar el espíritu de la Ley de Víctimas del estado, en ambos casos ha transcurrido “en exceso y omisión ilegal” el término del mandato, al grado que Baja California es uno de los dos estados del país que aún no cuentan con esos mecanismos, con lo que el gobierno estatal provocó una “grave afectación” a cientos de víctimas agremiadas en la Alianza de Organizaciones. Por otra parte, el pasado jueves 24 Irma Leyva Sosa, en representación de los colectivos Madres Unidas y Fuertes (Mexicali), Una Nación Buscando T (Tijuana) y Siguiendo tus Pasos (Ensenada), solicitó al gobernador y al secretario de Gobierno que a la brevedad posible envíen al Congreso local el oficio que contenga el dictamen del Ejecutivo estatal con los nombres de las personas que ya fueron postuladas y que integran la terna de la que se elegirá al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado. Esto en virtud de que la terna está conformada y lista para ser enviada al Legislativo desde hace al menos 21 días, pero aparentemente fue detenida a petición del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, quien al primer minuto de este 1 de noviembre asumirá el cargo. “Nuestra preocupación (…) es porque requerimos de la integración de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas sin tintes ni cuotas políticas, encabezada por la persona idónea, con conocimiento y experiencia en la materia, trayectoria y compromiso con las víctimas, y aprobar de igual forma el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin que se politice ni repita el proceso que legalmente ya se desarrolló al expedirse la convocatoria y haberse integrado la terna”, puntualizó Leyva Sosa. Por último, los colectivos destacaron que por la falta de apoyo tuvieron múltiples dificultades económicas para atender a personas expertas en el rastreo de desaparecidos en Tijuana, Mexicali y Ensenada, y tampoco pudieron cubrir los gastos que deben hacer para buscar a sus familiares, sólo porque la integración de la Comisión y del Fondo está “ilegalmente frenada” en el gobierno y el Congreso de Baja California.