ENSENADA, B.C. (apro).– El morenista Jaime Bonilla Valdez tomará protesta este viernes 1 de noviembre como el gobernador número 15 de Baja California, en un evento al que asistirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jaime Bonilla asumirá al amparo de la reforma a la Constitución del estado realizada por el Congreso anterior y actual, que le permite gobernar por cinco años, pese a que la convocatoria para el proceso electoral establecía un periodo de dos años. La ceremonia oficial se realizará en el Congreso del Estado, en la ciudad de Mexicali. Se prevé que este mismo jueves, los 25 diputados de Baja California hagan la declaratoria de la sesión solemne para la ceremonia de toma de protesta. “Voy en representación del señor presidente. Voy a la toma de protesta de un gobernador constitucional y electo por voluntad popular en unas elecciones libres, sin ninguna intromisión. No hubo una sola queja en contra del gobierno federal en las elecciones. Las cosas buenas como que no se perciben tanto”, dijo este jueves Sánchez Cordero antes de viajar a Mexicali. El evento estará restringido a los representantes de la prensa y sólo podrán ingresar al recinto legislativo los invitados especiales del nuevo mandatario, quien pone fin a 30 años de gobierno emanados del Partido Acción Nacional (PAN). Francisco Vega se va entre acusaciones En su última rueda de prensa como gobernador, Francisco Vega de Lamadrid manifestó este jueves que seguirá viviendo y trabajando en el estado, que desea buena suerte a su sucesor y que no tiene nada qué temer. Lo último en referencia a los señalamientos en redes sociales y en varios medios que el suyo fue uno de los gobiernos más corruptos, autoritarios y omisos en la historia contemporánea de Baja California, y por ello será investigado por la administración de Bonilla. Tres días antes, Vega afirmó ser “millonario, pero en amigos y amor de mi familia”, con lo que trató de minimizar las acusaciones de que logró acumular una fortuna superior a los 200 millones de pesos al amparo de los cargos públicos que ocupó en los gobiernos del PAN desde que Ernesto Ruffo Appel logró la primera gubernatura de oposición en el país en 1989. La Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación pintan una realidad distinta: deja una deuda pública de 22 mil 300 millones de pesos y un pasivo de 32 mil millones de pesos que incluye 9 mil millones –según reconoció Vega a principios de octubre– con diversos sectores públicos, privados, paraestatales y paramunicipales. Es por esta razón que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez propuso y logró que la XXIII Legislatura, dominada por 18 legisladores aliados aprobara, el 24 de octubre, diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para imponer una reingeniería administrativa en el aparato gubernamental. Con estas modificaciones se fusionan las secretarías de Economía, Turismo, Pesca y Acuacultura, y de Protección del Ambiente, para crear la nueva Secretaría de Economía Sustentable y Turismo. Y todas las atribuciones para construir infraestructura pública se reúnen en una sola Secretaría: la de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Y solamente las secretarías de Educación, de Integración y Bienestar Social, y del Campo y Seguridad Alimentaria tendrán delegaciones en los municipios. Además, el Congreso tenía programada una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para este mismo jueves a las 11 de la noche, en la que se trataría la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y avanzar en la designación del primer fiscal general del estado. Se da como un hecho que el fiscal será Juan Ruiz Hernández, abogado personal de Bonilla y cabeza del equipo de juristas que, desde julio pasado, organizó la estrategia para modificar el periodo de gobierno a cinco años para el nuevo gobernador. También se anunció que Jaime Bonilla, luego de tomar protesta, hará lo mismo con sus tres principales funcionarios: el expriista Amador Rodríguez Lozano como secretario general de Gobierno; Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda, y Jesús Demián Núñez Camacho, oficial mayor del Estado. Amador Rodríguez Lozano es licenciado en Derecho por la UNAM. El despegue de su carrera política la hizo al amparo del PRI, del cual obtuvo puestos en el Senado y la Cámara de Diputados. Luego de ser pieza vital del PRI para que los paquetes de la elección de 1988 fueran quemados, en 2001 buscó la candidatura de su partido a la gubernatura, pero no la obtuvo y renunció a su militancia. Fracasó en dos intentos por obtener cargos de elección popular en Baja California. Adalberto González Higuera es licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Fue responsable de administración y finanzas en México de la empresa estadunidense Nuvista Windows and Doors, y durante las campañas de Jaime Bonilla al Senado y a la gubernatura se acreditó y trabajó como representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California en el área de Finanzas. Demián Núñez ha sido un constante proveedor comercial de los gobiernos del PAN en el estado en los años 2012 y 2013, y se vio involucrado en una investigación judicial por fraude que sus empresas familiares presuntamente cometieron en contra del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. Será hasta después de la ceremonia cívica de toma de protesta, que se realizará mañana a las 4 de la tarde en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana (CECUT), cuando Bonilla Valdez tomará a protesta a los demás miembros del gabinete legal y ampliado. Se conocerá entonces si entre los nuevos funcionarios estará como secretario de Seguridad Pública el hasta hoy comisario general, Carlos Alberto Flores, titular de la División Antidrogas de la Policía Federal, quien participó en el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.