HERMOSILLO, Son. (apro).- El trueque fue sencillo: la fiscal Claudia Indira Contreras tendría una cómoda comparecencia el pasado 24 de septiembre ante el Congreso local y, en cambio, el gobierno sonorense se desistiría de toda acción legal contra Mario Cuen Aranda, tesorero estatal durante la administración del otrora panista Guillermo Padrés Elías. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en Sonora, en su calidad de oposición y en la voz de Jesús Eduardo Urbina Lucero, primero exculpó a la fiscal por el desaire que les había provocado en dos ocasiones anteriores en las que no había asistido a comparecer. Después, justificó las centenas de muertes violentas en la entidad de los últimos meses, al grado de que también se adjudicó para él y los demás diputados la responsabilidad de los niveles de violencia bajo la justificación de que es el Poder Legislativo el responsable de aprobar el presupuesto en materia de seguridad, y que estos “índices se están subiendo en todos los estados, pero es a lo largo del país el problema de seguridad pública, no sólo es atribuible aquí nomás (Sonora) y comparto que es un problema en el tiempo, de diez años a la fecha”. Lanzó la crítica de que por cada 100 crímenes que se cometen en Sonora, sólo un responsable es castigado y de esta manera "no se puede hablar de justicia en la entidad” y, acto seguido, él mismo atajó su comentario: “los números son los mismos a nivel nacional y eso hay que ponerlo en la mesa”. En la intervención de 14 minutos, el diputado Urbina también hizo otras observaciones irrelevantes y al final inquirió a la fiscal sobre la persecución política que han sufrido sus amigos y correligionarios, excolaboradores de Padrés: Jorge Morales Borbón y Francisco Arnaldo Monge Araiza, exvocero gubernamental y exdirector estatal de la Concertación para la Obra Pública (Cecop), respectivamente. Contreras respondió de manera complaciente a las interrogantes de Urbina y, sobre el caso de los cercanos a Padrés, dijo que le respondería de manera personal en la fiscalía para darle seguimiento a este tipo de casos; por el sigilo de las investigaciones “no se puede y debe, legalmente hablando, externar situaciones específicas”, expuso. Una vez que concluyó la comparecencia y la fiscal sonorense no enfrentó contratiempos, desde su oficina se firmó, dos días después, el jueves 26 de septiembre, un escrito para el Juez Oral del Distrito Judicial Uno, en el que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FDE-Sonora) se desistió del recurso de revisión con número de expediente 190/19. En el documento, que puede consultarse en los estrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Poder Judicial de la Federación, se interpuso el recurso en contra de Mario Cuen Aranda, con respecto a la sentencia que recibió del 22 de febrero anterior, por parte del Juez Segundo de Distrito en el Estado. De esta manera, el extesorero de Padrés se liberó de toda causa penal por el supuesto quebranto de más de 300 millones de pesos al ser acusado de desviar a cuentas particulares y a otras desconocidas las cuotas partidistas de Acción Nacional durante el periodo de 2009 a 2015, cuando Guillermo Padrés Elías fungió como gobernador del estado de Sonora. Según el expediente original 876/18, Mario Cuen Aranda fue vinculado a proceso por la supuesta comisión de un delito en materia electoral “en destinar aportaciones de dinero a un partido político habiendo prohibición, cometido en contra de la sociedad y en modalidad de ejecución continuada”. Al excolaborador de Padrés se le sancionaría, presuntamente, con lo previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos y lo relacionado con el diverso 54 de la Ley General de Partidos Políticos. La Secretaría de Hacienda interpuso una denuncia ante la otrora Procuraduría General de la República, autoridad que a su vez lo turnó a la Fepade y, por competencia, la querella se remitió a la FDE- Sonora, la que llevó el caso de supuesto quebranto frente a las autoridades jurisdiccionales y donde a la postre se desistió de toda acción penal [caption id="attachment_605276" align="alignnone" width="1280"] Comparecencia de la fiscal Claudia Indira Contreras. Foto: Congreso de Sonora[/caption] Fabricación de delito Lo que no respondió en público la fiscal Claudia Indira Contreras es que el caso de Francisco Arnaldo Monge Araiza, conocido como “Pancho Platas”, lleva tres años de dilación sin llevar a las autoridades jurisdiccionales a los 12 presuntos culpables de torturarlo y fabricarle delitos. La madrugada del 11 de septiembre de 2016, en Bacadéhuachi, Sonora, “Pancho Platas” fue inculpado de portación de un arma fuego y la posesión de tres gramos de la droga sintética conocida como crystal, supuestamente para su venta y distribución. Sin embargo, “Pancho Platas”, al momento de la detención, se encontraba dormido en su casa en compañía de su esposa embarazada, cuando un comando armado de unas 15 personas encapuchadas irrumpió en la alcoba matrimonial con la amenaza de que se trataba de un secuestro y para liberarlo le pedían la cantidad de 300 millones de pesos. En esta operación también se afectó a Manuel Antonio Fimbres Villaescusa, amigo de Pancho Platas, y a Lilett Galaz Villaescusa, esposa del exfuncionario, quien presentaba un embarazo de dos meses y medio. Monge Araiza logró probar su inocencia frente a un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, quien lo absolvió de toda acusación bajo la sentencia de “exclusión de prueba ilícita”, es decir, por ser víctima de una “fabricación de delito” por parte del estado. El ofendido contrademandó y la fiscal sonorense se niega a judicializar la carpeta de investigación porque un juez de control llamaría a cuentas a los ocho agentes estatales reconocidos que participaron en la ilegal retención en Bacadéhuachi, en septiembre de 2016. La justicia se ha retardado tanto que en estos tres años de espera ya han muerto en servicio dos de esos agentes señalados: Alberto Vázquez y Darío Montaño Miranda “La fiscalía protege a los responsables de enfrentar a una autoridad jurisdiccional porque de esta manera se comprobaría la conspiración del estado para detener a Francisco Monge y desaparecer a los agentes estatales que lideraron el comando armado”, señaló la abogada defensora de Francisco Monge, la litigante Liliana Bernal Zamora, de la firma Regino Abogados. El caso del exvocero Lo mismo el caso de Jorge Morales, el exvocero de Padrés, quien fue detenido el 1 de febrero de 2016 por su probable responsabilidad en el delito de extorsión previsto por el artículo 293 del Código Penal en Sonora, en perjuicio de Adrián Cobos, de Larsa Comunicaciones. Luego de once meses en cárcel, el exjefe comunicacional salió de la cárcel al comprobar que el denunciante, Alberto del Cid Carmelo, fue utilizado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), a cargo de Odracir Ricardo Espinoza, a quien le dieron mil 400 pesos por firmar la querella. Y no sólo eso: el juez penal de la causa 86/2016, en ese entonces Manuel Octavio Palafox Ocaña, se obstinó en llevar el caso de Morales Borbón, y pese a que ya estaba estaba en vigor el nuevo sistema de justicia penal, el juzgador utilizó el Código de Procedimientos Penales de Sonora, cuando debió actuar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es vigente desde el 15 de diciembre del 2015. Las anomalías se juntaron por cientos hasta que el 28 de febrero anterior y tres años después de iniciado el caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa declaró la incompetencia del primer juzgador. Y ya para el pasado 17 de septiembre se dio la audiencia inicial, en donde se convalidaron todas las actuaciones anteriores del ministerio público, no obstante que fueron llevadas a cabo con un código abrogado, además de que Morales ya no era acusado por presunta extorsión, sino por simple cohecho. Esta representaría una encrucijada legal porque la fiscalía sonorense no quiere aceptar el error en el debido proceso y porque Morales contrademandó al fiscal anticorrupción Espinoza por presunto “daño moral”. “Así como fabricaron el caso de Jorge, pueden sumarse más, con base en procesos viciados y factores corruptores, usando al derecho penal como brazo ejecutor, simulando intentar atacar la corrupción y sometiendo al poder judicial a gusto y al antojo del poder en turno”, declaró la esposa y abogada defensora de Morales, Kathya Félix.