TOLUCA, Edomex (apro).- La familia Martínez anunció que promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura estatal, para exigir que se investigue por presunta corrupción a la juez María Alejandra Carrillo García, quien el pasado martes 8 ordenó liberar a Erik Rojas Lina, acusado de asesinar en 2013 a Carlos Eduardo Martínez González, de 15 años de edad. José Alfredo Martínez Tello, medio hermano del menor --alumno del Colegio Montessori--, anticipó que la sentencia será impugnada y se recurrirá a todas las instancias para que también se haga justicia en el caso del quinto imputado en el crimen (cuatro de ellos ya habían sido condenados). Indicó que el pasado martes 8, inexplicablemente la juez no encontró elementos suficientes para acreditar la actuación del quinto implicado en el crimen, lo que resulta inconcebible porque muchas de las pruebas respaldaban su responsabilidad. La decisión de la juez, dijo, también tuvo sustento en las deficiencias del agente del Ministerio Público, de apellido Yáñez, quien ni siquiera llegaba a las audiencias y de repente dejó de mostrar interés en el caso, por lo que también se pedirá investigar su comportamiento. “Nos parece una grosería, una cosa burda y corriente porque se logró acreditar en el juicio que la llamada de prueba de vida del menor (luego de ser secuestrado) sale de la casa propiedad de la madre de Rojas Lina, ubicada en San Mateo Atenco”, apuntó. Las declaraciones de los cuatro sentenciados por el caso también revelaron que Rojas Lina fue el que, “con intervención directa, ejecutó físicamente a mi hermano”, expuso Martínez Tello. Y es que supuestamente aquel fue quien sostuvo de los tobillos a Carlos Eduardo para después arrojarlo vivo, según los peritajes, de una altura de 200 metros desde el Puente Calderón ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal. Incluso, sostuvo, se giró orden de aprehensión en su contra, pero estuvo prófugo cuatro años, hasta que, en un operativo policíaco impulsado por el padre de la víctima, fue atrapado en San Mateo Atenco mientras visitaba a su madre. Además, Erik Rojas pidió vacaciones en su trabajo, que coinciden con la temporalidad en que el menor estuvo secuestrado y posteriormente ultimado (del 14 al 16 de febrero de 2013). El padre de Carlos Eduardo, Alfredo Martínez, actualmente con 85 años de edad, indicó que el mismo Erik Rojas admitió que durante las negociaciones habló vía telefónica con él y su hijo José Alfredo. Carlos Eduardo fue secuestrado el 14 de febrero de 2013; con engaños, según se acreditó en el juicio, Beatriz Alejandra Morales Sendo logró que el muchacho, quien padecía autismo, saliera de las instalaciones del Colegio Montessori, y en ese momento se concretó el plagio. En marzo de 2016, la mujer, a quien se atribuye la autoría intelectual, fue sentenciada a 50 años de prisión, junto con tres de sus cómplices: Margarito Salas Reyes, Emilio Victoria Rodríguez y Silverio Victoria Hernández. El quinto involucrado, Erik Rojas Lina, se fugó. No obstante, durante los juicios se documentó con grabaciones telefónicas y otras pruebas que él “cuidó” a Carlos Eduardo en la casa de su madre, ubicada en la calle Vicente Villada sin número, colonia Reforma de San Mateo Atenco, y desde allí se hicieron llamadas telefónicas para negociar el rescate.