TOLUCA, Edomex., (apro).- Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) y de la organización Presunción de Inocencia A.C., se apostaron afuera del Senado de la República, en la capital mexicana, para exigir el desafuero del exgobernador Eruviel Ávila. El objetivo, señalaron, es que sea investigado por el desvío de casi mil millones de pesos que servirían para implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio en el Estado de México, y por los fraudes hipotecarios cometidos durante su gobierno. Por otro lado, vía telefónica el padre Alejandro Solalinde hizo un llamado a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara alta, así como al fiscal mexiquense Alejandro Gómez y a distintas autoridades de la entidad, para que revisen la detención de José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de ambas asociaciones civiles, luego de advertir que se trata de un caso claro de fabricación de culpables y uso de las instituciones como medio de represión contra quienes levantaron la voz para exigir justicia. En el Senado, dos de los inconformes fueron atendidos a través del guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien les ofreció una reunión a principios de noviembre para analizar la petición de desafuero contra Eruviel Ávila. También por teléfono, dado que se encuentra detenido desde el 4 de noviembre de 2015 por su lucha jurídica contra los fraudes inmobiliarios, Pérez Espinoza confió en que ha llegado la hora de que vayan a los tribunales Eruviel Ávila Villegas; José Manzur, exsecretario general de Gobierno; el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), Sergio Medina Peñaloza. Considerado prisionero de conciencia por el Comité Cerezo A.C., Pérez Espinoza destacó la necesidad de que todos esos personajes sean investigados por presunto desvío de recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), que debían emplearse para instalar el sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pero los emplearon para ocultar la ejecución extrajudicial de Tlatlaya y para fabricar cuatro carpetas de investigación en su contra. En 2010, el activista hizo público el fraude inmobiliario en México que afectó a más de 10 millones de familias, a las cuales les fueron otorgados créditos hipotecarios sobrevaluados en más de 50%. “Este mega fraude fue apoyado y dirigido por los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. En los últimos 20 años ha tenido un costo para este país de más de un billón 300 mil millones de pesos, recursos obtenidos por el gobierno mexicano con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo”, expuso. De igual manera, señaló que las campañas políticas de los expresidentes y exgobernadores del Estado de México, entre ellos Ávila Villegas y Peña Nieto, fueron apoyadas por constructoras como Urbi Desarrollos Urbanos, Homex, Geo, Ara, y por las hipotecarias Patrimonio, Su Casita, Ge Money, ING Hipotecaria y Metrofinanciera, entre otras. Derivado de esta relación, los exmandatarios colaboraron con los empresarios del sector para frenar la lucha del FMDVD en los juzgados civiles, apuntó. Y destacó que, si bien en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ahora en la Fiscalía General de la República (FGR) se han presentado cuatro denuncias penales en contra de los responsables del mega fraude hipotecario e inmobiliario en México, a la fecha no se ha ejercitado acción penal en ningún caso. El activista expuso que los desvíos del FASP forman parte de la llamada “Estafa Maestra”, pero también los fondos destinados a la seguridad del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. Al no aplicar estos recursos para los fines destinados, señaló, no sólo se dispararon los índices de inseguridad y delitos en la entidad, sino que no se concretó la instalación del sistema de justicia penal acusatorio, y miles de inocentes están en prisión por ilícitos que no cometieron. “No se quiere iniciar la carpeta de investigación en contra de los exfuncionarios antes señalados, y de manera particular del senador Eruviel Ávila, por las negociaciones y acuerdos parlamentarios”, consideró.