XALAPA, Ver. (apro).– La Fiscalía General del Estado exigió a un juez de Veracruz liberar la orden de aprehensión en contra de los exfuncionarios de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares: Clementina Guerrero García, Bernardo Segura Molina, Adrián Viccon Basto y Luis Francisco I. Virus’s Hernández. 

Hasta el momento sólo se ha podido confirmar la detención de Bernardo Segura, exsubsecretario de Finanzas y Administración de Sefiplan, quien fue abordado por Policías Ministeriales de la FGE cuando acudía a recoger a su hijo de la escuela.

La detención fue confirmada y celebrada en Twitter por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa –declarado enemigo público de Yunes Linares–, quien festinó que ahora sí “habrá justicia para todos”.

Ni la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, ni su vocero, Jahir García, han hablado sobre el tema. 

En una hoja de la orden de aprehensión filtrada a la prensa en Pacho Viejo –cárcel a donde habrá de ser llevado Bernardo Segura– se aprecia que la detención de los cuatro exservidores públicos de Sefiplan es por ejercicio indebido del servicio público cometido en agravio del erario público.

“Hay delitos por hechos de corrupción, así como su probable participación en el delito de abuso de autoridad”.

En contraparte, el exgobernador Yunes Linares envió una misiva a través de su exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, en la que fustiga que estas “injustas órdenes de aprehensión” intentan desviar la atención de la ingobernabilidad y corrupción que permean en el actual gobierno del morenista, Cuitláhuac García. 

“Lo sucedido el día de hoy es una atrocidad. Un juez penal de Pacho Viejo dictó orden de aprehensión contra cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Uno de ellos fue detenido esta mañana mientras dejaba a su hijo en la escuela, como si fuera el peor delincuente”.

Yunes expone que, previamente, la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción económica de más de 750 millones de pesos. 

A decir de Yunes Linares, los acusan de no verificar por los medios legales pertinentes la procedencia del dinero incautado a funcionarios del gobierno de Javier Duarte, pese a que ese dinero fue entregado por la Procuraduría General de la República.

“Eso fue producto de todo el esfuerzo que hice durante meses para recuperar dinero y bienes que habían sido robados a los veracruzanos. Además de no destinar todos los bienes y recursos recuperados al sector salud, sino “sólo 281 millones de pesos”, destinándose el resto fundamentalmente a equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Yunes Linares acusó a su otrora aliado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, de liberar las órdenes de aprehensión en su afán de garantizar su reelección en el Poder Judicial del Estado (PJE). 

“Es una enorme vergüenza que el Poder Judicial del Estado se preste a perseguir a personas inocentes con argumentos que no resistirán un amparo ante la justicia federal. No puede esperarse menos cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia se ha puesto de rodillas frente al Ejecutivo en el afán de lograr su reelección”.

A decir de Yunes Linares, estas órdenes de aprehensión y estas acciones jurídicas llevan de trasfondo intentar devolverle a los duartistas propiedades y cuentas bancarias abundantes, producto del saqueo cometido en agravio de los veracruzanos en el periodo 2010-2016.