ALVARADO, Ver. (apro). - A regañadientes, policías ministeriales y encargados de Servicios Periciales de Veracruz, permitieron el acceso a representantes de colectivos de desaparecidos a la megafosa localizada en el pueblo pesquero de Veracruz, en el poblado de Arbolillo, localizado en este municipio. Con 190 cráneos extraídos y cientos de restos óseos recolectados, familiares de desaparecidos se hicieron acompañar de la prensa para presionar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que les permitiera el acceso a la zona de manglares y de dunas, donde forenses han sacado decenas de cuerpos. Tras una primera negativa de que “no podían pasar”, familiares de desaparecidos recriminaron la opacidad y nula transparencia en los trabajos de exhumación, Victoria Delgadillo y María Elena Gutiérrez fustigaron que a 12 días de dada a conocer la fosa, se les había negado información sobre los restos hallados en esta región del Sotavento de Veracruz. Luego de media hora de reclamos y evasivas, el director de Servicios Periciales, Mario Valencia, recibió autorización gubernamental de permitir el “acceso por grupos” a familiares de desaparecidos, con la consigna de que no podrían entrar con celulares, ni tampoco con prensa, o con integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Durante el recorrido, familiares de desaparecidos -representantes de diez colectivos- fueron escoltados por una veintena de policías ministeriales. [video width="848" height="480" mp4="https://www.proceso.com.mx/media/2018/09/WhatsApp-Video-2018-09-18-at-11.15.36-AM.mp4"][/video] En un segundo turno, la “Red de Madres de Veracruz y “Buscando a Nuestros Desaparecidos Córdova-Veracruz”, acompañados de los diputados locales panistas, Maryjose Gamboa y José Luis Enriquez Ambell entraron a recorrer la zona donde se realizan los trabajos de exhumación. Los familiares de los colectivos rodearon el perímetro aledaño al sistema lagunar de Alvarado, el pueblo pesquero de Arbolillo y la zona de mangles que bordea un radio de diez hectáreas. Tras un trayecto por camioneta, después tuvieron que seguir a pie por áreas encharcadas y regiones de mangle maltrecho. Carlos Saldaña, integrante de Familias Enlaces Xalapa, exigió a la Fiscalía veracruzana realizar un “peinado general” de la zona y que no solo se concentre en el radio hasta ahora delimitado por las autoridades. [caption id="attachment_551393" align="alignnone" width="702"] Foto: Noé Zavaleta[/caption] Familiares de desaparecidos recriminaron que la Fiscalía haya hecho una exhumación tan grande, sin el apoyo de la policía científica y sin respetar diversos protocolos de la Ley General de Desaparición Forzada y de la Ley de Atención a Víctimas. “Nunca hubo el apoyo de la policía científica para una exhumación tan grande... nos mintieron”, lamentaron. Una cinta amarilla restringe el paso a un radio equivalente a seis campos grandes de fútbol y a una zona de manglares de superficie incalculable en donde células de Los Zetas, Cártel Jalisco Nueva Generación, Matazetas y probablemente elementos de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP), enterraron a cientos de personas en 32 fosas, a tan sólo dos kilómetros de una barra rivereña de trece palapas de mariscos. En el segundo recorrido hubo un momento de tensión cuando el Colectivo Solecito en desacuerdo por el trato “VIP” a legisladores, incitó a la prensa a entrar también al recorrido en la fosa. Policías ministeriales tuvieron que hacer una valla humana, para con empujones contener el acceso a reporteros. Los cráneos y fragmentos óseos, así como más de 200 prendas de vestir fueron llevados hace un par de días a Xalapa, a la Dirección de Servicios Periciales, donde están a la espera de poder recibir recursos para realizar exámenes de ADN -en éste o en el próximo gobierno- y realizar los exámenes de confrontación para poder ser entregados a sus seres queridos. La fosa dada a conocer el 6 de septiembre, es la cuarta narcofosa hallada en Alvarado, la primera fue encontrada en diciembre del 2013, cuando un reporte de lugareños llevó al descubrimiento de 7 cuerpos semienterrados en un lugar conocido como playa “La Cava”. La segunda, en mayo del 2015 en un islote fueron desenterrados casi una veintena de cuerpos. Aún con Javier Duarte como gobernador, el entonces vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Omar Zúñiga negó a los reporteros el hecho, asegurando que, tras una inspección de forenses y ministeriales solo se encontró “estiércol” de vaca. Tras la presión posterior de Colectivos de Desaparecidos, la FGE admitió en rueda de prensa la existencia de solo seis cuerpos. La tercera ocurrió en marzo del 2017, elementos de la Secretaría Armada de México, Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado tardaron tres días en trabajos de exhumación para rescatar 46 cráneos y cientos de restos humanos en un predio particular, también de Arbolillo, en Alvarado, Veracruz. Al día de hoy hay casi 700 cuerpos -según cifras oficiales- permanecen en calidad de N.I (No identificados), repartidos en las distintas planchas forenses de Veracruz y en la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz. Tan solo en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe, han sido hallados 297 cráneos y 17 mil restos óseos en casi 150 fosas. De esta macabra estadística, apenas 17 cuerpos han sido identificados y entregados a sus deudos.