OAXACA, Oax. (apro).- Las masacres ocurridas en la entidad este año, con un saldo de por lo menos 31 muertos, “no son hechos aislados”, sino el resultado de una inexistente política pública del actual gobierno y la falta de atención y de respeto a los derechos humanos. Así lo afirmó el Colegio Oaxaqueño de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria al fijar un posicionamiento por el conflicto de tierras en la entidad, y criticó el argumento del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el sentido de que las muertes derivadas de esa disputa son hechos aislados o no representan problema significativo para la gobernabilidad. “Los antecedentes y rasgos del conflicto demuestran lo contrario”, subrayó. Tampoco aceptó el argumento de que el conflicto agrario es materia federal, porque “la experiencia demuestra que ésta es una respuesta basada más en formalidades que en la disposición para realizar un trabajo preventivo. En la práctica esto ha conducido no a la solución, sino a la administración de los conflictos agrarios”. El Colegio señaló lo anterior en respuesta a las declaraciones que hizo Murat Hinojosa el pasado 18 de julio, cuando calificó como un “hecho aislado” la masacre perpetrada dos días antes en el paraje Cerro de Cara. En esa ocasión, 13 comuneros de Santa María Ecatepec fueron emboscados y asesinados por sus vecinos de San Lucas Ixcotepec. Al término de la ceremonia por el 146 aniversario luctuoso de Benito Juárez, el gobernador se lavó las manos y responsabilizó a otras instancias por no tomar cartas en lo referente a las disputas por territorio en la entidad: “Desde la perspectiva legal y jurídica, quiero dejar en claro que son otras instancias las responsables (y) tanto la Procuraduría Agraria como el Tribunal Agrario deben sumar soluciones”. El pronunciamiento firmado por el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Moreno Derbez, y la secretaria Heraclida Pérez Espino, hace referencia a los 350 conflictos agrarios que persisten en la entidad, y destaca “la indignación por los acontecimientos suscitados en Santa María Ecatepec con San Lucas Ixcatepec, pero también con otros 10 más de reciente emergencia y que serán dados a conocer en su momento”. De acuerdo con el Colegio, en los asuntos relacionados con el territorio y la propiedad de las comunidades agrarias es necesaria la atención permanente con sentido de justicia social y respeto a los derechos humanos colectivos. De igual manera, reconoció el trabajo de los visitadores, conciliadores, abogados, líderes agrarios y los comisariados de núcleos agrarios, sin embargo, consideró que “los esfuerzos por lograr la conciliación basándose en el potencial demostrado en múltiples casos responden más a la voluntad de las partes que a la disponibilidad de las dependencias que deben intervenir en el problema”. Además, reconoció la importancia del registro documental o la existencia de minutas, trabajos técnicos informativos de carácter topográfico y otros documentos sobre el ejercicio conciliatorio, sin embargo, negó que sea la cantidad de esos documentos el indicador de que un conflicto está en vías de solución. El Colegio de Abogados y Profesionistas en Materia Agraria se pronunció por la creación de una instancia única de atención a través de una Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Agrario, modificando el artículo 91 de la Constitución Política del estado de Oaxaca, iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados desde hace 10 años. Magdiel Hernández Caballero, José Servién Bolaños y Anabel Díaz Cruz, integrantes del Colegio, consideraron que debe plantearse la fusión y reorganización de las dependencias estatales que atienden la cuestión agraria, para configurar una estrategia única de trabajo del conflicto que incorpore a los sujetos agrarios y sean interlocutores oficiales ante las dependencias federales involucradas. El trato del conflicto agrario y territorial en el contexto de la presencia de los pueblos indígenas debe trabajarse colegiadamente mediante un consejo agrario, recalcaron. Aunque el Colegio ha propuesto una serie de modificaciones constitucionales y reglamentarias de la administración pública estatal, éstas no han sido valoradas por el Poder Legislativo local por falta de voluntad política.