CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excolaborador de César Duarte, Enrique Antonio Tarín García, fue vinculado al sexto proceso penal en su contra, por el delito de peculado agravado por el presunto desvío de 12 millones de pesos del erario de Chihuahua. Tarín, también sobrino del exgobernador, fue director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en la última etapa del sexenio del priista César Duarte, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia. Las causas penales que enfrenta Tarín García acumulan el presunto desvío de más de 420 millones de pesos. Los primeros años del gobierno de Duarte Jáquez, Antonio Tarín fue director de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahuense de la Salud, del que también presuntamente se desviaron recursos públicos. El imputado solicitó licencia en 2015 para contender como suplente a la diputación por el distrito 9 con sede en Parral, cuyo titular era Carlos Hermosillo Arteaga, quien falleció en un accidente automovilístico el 20 de marzo de 2017. Esta tarde, el juez de control Octavio Armando Rodríguez Gaytán dictó a Tarín García otro auto de vinculación a proceso, una vez que el 22 de mayo pasado la Fiscalía General del Estado presentó nuevos cargos de los siete que acumula el imputado (del séptimo está pendiente la audiencia de vinculación a proceso). El Ministerio Público argumentó durante la audiencia que la cantidad señalada fue sustraída con la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Hinfra SA de CV para beneficiar al extitular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, con el fin de que Duarte pagara a éste sus "servicios", que consistían en ocultar las irregularidades en el manejo de recursos públicos. Tarín García contribuyó con la firma del dictamen de excepción de la licitación pública y el acta de adjudicación directa a la empresa poblana Hinfra para la supuesta prestación de servicios profesionales de análisis, evaluación y asesoría técnica especializada en el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda estatal. Después de la firma del contrato, los implicados crearon archivos para tratar de justificar la prestación con documentos que no tenían relación con el servicio contratado, de acuerdo con la causa penal 2159/2017, en la que se asentó que Hinfra no contaba con recursos para llevar a cabo el servicio requerido. El juez de control fijó como plazo seis meses para efectuar la investigación complementaria en la sexta causa penal contra Tarín, quien se encuentra con diversas medidas cautelares de prisión preventiva. Uno de los procesos, por el presunto desvío de 250 millones de pesos, lo lleva un juzgado federal, y el resto se dirime en el fuero común.