CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Organizaciones civiles reiteraron su exigencia de justicia y que se garantice una vida libre de violencia contra las niñas y mujeres al conmemorar el octavo aniversario del asesinato de la activista Marisela Escobedo a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua. Activistas, instancias gubernamentales y particulares depositaron ofrendas florales en la placa conmemorativa del homicidio de Marisela Escobedo, colocada en la banqueta donde quedó su cuerpo cuando le dispararon. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehem), organización que coadyuvó en el caso de Rubí Freyre y de Marisela Escobedo, emitió un pronunciamiento de cinco puntos. En el primero reivindica la lucha de Marisela Escobedo, quien dio su vida con la esperanza de que el feminicidio de su hija, Rubí Freyre, fuera el último en Chihuahua y en México; recordaron que el crimen continúa impune y demandaron una investigación exhaustiva, imparcial y oficiosa, para ese y otros asesinatos y agresiones contra activistas en la entidad. En el tercer punto exigen, aunque sin mencionar a ninguna autoridad, el avance inmediato de las investigaciones por los hechos que forzaron a la familia de Marisela Escobedo a solicitar asilo político, así como el cumplimiento total de la Recomendación 44/2013 de la CNDH. También urgieron a que se cumplan las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, entre ellas la de adoptar medidas eficaces para proteger, prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres en Chihuahua. Además, exigieron adoptar medidas de protección efectivas para que los activistas realicen su labor en condiciones de libertad y seguridad. “Ello incluye el cumplimiento total del plan de contingencia de Chihuahua, aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, asienta el comunicado. [caption id="attachment_564224" align="alignright" width="1200"] Homenaje a Marisela Escobedo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Foto: Cedehem[/caption] La lucha por su hija El Cedhem recordó que “hace ocho años, la prensa local, nacional e internacional informaron sobre un trágico acontecimiento: una madre que días antes había iniciado una huelga de hambre frente al palacio de gobierno de Chihuahua había sido asesinada mientras corría a refugiarse a ese edificio para salvar su vida”. En el comunicado recordaron que Marisela Escobedo dejó su profesión de enfermera para convertirse en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, ocurrida en agosto de 2008 y que, gracias a las evidencias que recabó, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien ya se encontraba prófugo. Marisela Escobedo logró ubicarlo para que se le detuviera, pero el 30 de abril de 2010 un tribunal lo absolvió y liberó. Gracias a un recurso de apelación, se logró una sentencia de 50 años de prisión, pero Sergio Rafael ya había sido liberado. Luego recorrió el país encabezando marchas. Se reunió con autoridades de los tres niveles de gobierno; denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico y fue amenazada. “Con clarividencia escalofriante, Marisela advirtió que sería asesinada si las autoridades no hacían algo para protegerla”. Una vez que la asesinaron, el riesgo se extendió a la familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México. Hasta ahora no hay una investigación penal abierta por la serie de amenazas y agresiones que llevaron a la familia a solicitar asilo político en el extranjero ni hay avance sustancial en el cumplimiento de la Recomendación 44/2013, emitida el 28 de octubre de 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por estos hechos y aceptada por el gobierno de Chihuahua.   No es el único caso “Vivimos en un contexto en el que persiste la violencia feminicida y no se han adoptado medidas eficaces para erradicarla. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se registraron oficialmente 407 feminicidios en México; en 2016 fueron 585; en 2017 ocurrieron 736; y hasta octubre de 2018 se habían documentado 706. En ese último periodo, para Chihuahua el SESNSP había informado de 44 feminicidios, pero el subregistro subyace en tanto organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas han registrado 91 feminicidios hasta septiembre de este año”, advierten en el comunicado emitido la noche de este domingo. Chihuahua ocupa el segundo lugar en número de feminicidios registrado, si se toma en cuenta la proporción de la población, sólo superado por Baja California. “Es por ello que en las observaciones finales emitidas el 25 de julio de este año, el Comité de la CEDAW ha reiterado como cuestión prioritaria su recomendación para garantizar investigaciones eficaces en casos de violencias de género que tiendan al enjuiciamiento y sanción de los responsables y ha urgido a la adopción de ‘medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos’. “El Comité de la Cedaw también ha insistido en la tipificación adecuada del delito feminicidio y que el Estado mexicano ‘refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores’. Todas esas recomendaciones son vigentes para Chihuahua”. El caso de Marisela Escobedo también se suma a más de 25 homicidios de quienes defienden derechos humanos en Chihuahua, por lo que la Recomendación General 25/2016 de la CNDH ha ubicado a la entidad en el primer lugar en este tipo de agresiones. [caption id="attachment_564225" align="alignright" width="1200"] Homenaje a Marisela Escobedo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Foto: Cedehem[/caption] Cuestionan a activistas cercanas al gobierno Al gobierno de Javier Corral Jurado se integraron activistas de Chihuahua que mantuvieron una férrea defensa de los derechos humanos durante el sexenio anterior, encabezado de César Horacio Duarte Jáquez, en cuya administración fue asesinada Marisela Escobedo. Esa situación ha sido reclamada por nuevos liderazgos y grupos sociales que consideran que disminuyó el nivel de exigencia al actual gobernador, aun cuando ha incrementado la violencia y el número de feminicidios. La organización Marea Verde cuestionó a otras agrupaciones y activistas y las llamó a “asumir su responsabilidad por su ausencia durante estos dos años de la administración de Javier Corral, en los cuales no han trabajado por proteger a las mujeres y niñas del estado de Chihuahua”. La agrupación les pidió autocrítica por el silencio “que han guardado bajo una nómina del estado”, y les recordó que no es sólo responsabilidad del Estado el que no se haya solicitado la alerta de género”. También denunció la pasividad del gobierno de Chihuahua. “Estamos hablando de 200 millones de pesos más invertidos en la imagen de un gobernador que ustedes han protegido, en lugar de invertir y mejorar los servicios en la fiscalía o en capacitaciones para el personal de salud a fin de terminar con la violencia ejercida contra mujeres embarazadas o mujeres violentadas sexualmente”.