CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame informó que dio parte al gobierno federal sobre la amenaza lanzada por los líderes del grupo armado de Tlacotepec, quienes advirtieron que van a detener al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Incluso, el funcionario estatal reveló que existe “un grupo” que se opone a que las familias desplazadas del municipio de Leonardo Bravo regresen a sus hogares, afirmó sin especificar y presentar pruebas. La semana pasada, el prelado fue acusado, a través de una declaración publicada por el periódico El Sur, por el vocero de la autodefensa del municipio de Heliodoro Castillo, Salvador Alanis de asumir una postura parcial en el conflicto armado de la Sierra que ha dejado asesinatos, desaparecidos y desplazados por la violencia en los municipios de Tlacotepec y Leonardo Bravo. Por ello, Alanis emplazó al gobierno estatal a detener al obispo Salvador Rangel, argumentando que sólo se ha reunido con el líder del grupo criminal de Chichihualco, Isaac "El Señor de la I" Navarrete Celis, de lo contrario, anunció que la autodefensa de Tlacotepec liderada por Onésimo “El Necho” Marquina Chapa va a retener al jerarca católico para someterlo a un juicio sumario y aplicarle el esquema de reeducación como le llaman al trabajo forzado. Al respecto, el responsable de la política interna en la entidad señaló durante un acto público realizado ayer que envió a la Secretaría de Gobernación, la entrevista realizada por el periódico El Sur donde se publicó la amenaza contra el obispo católico. Salazar Adame dijo textual que “en atención a la coordinación necesaria e indispensable que hay con el gobierno federal”, la dependencia a su cargo “informa de acciones que pueden realizar algunos, o algunas personas, representantes de diversas religiones y las cuales pudieran poner en riesgo su propia integridad”. “Lo único que hicimos en relación al caso concreto del obispo Salvador Rangel, fue enviar los testigos impresos en los medios correspondientes, de declaraciones de algunos grupos que lo señalaban de participar de manera parcial, pero eso no es nuestro criterio, eso se declaró en la prensa y que nosotros de manera puntual lo hacemos, lo enviamos a la subsecretaria, lo que antes era la subsecretaria de Asuntos Religiosos, pero no perseguimos a nadie, no cuestionamos a nadie, no acusamos a nadie que para eso están las leyes, la Fiscalía General del Estado”, expresó el funcionario. Consultado sobre el tema de las familias desplazadas del municipio de Leonardo Bravo, quienes permanecen hacinadas desde el mes pasado en el auditorio de Chichihualco, el secretario de Gobierno dijo que hasta el momento no existen condiciones de seguridad para garantizar el retorno a sus comunidades. Ello debido a que prevalece el interés “de un grupo, en que cada vez que intentamos que esto pueda funcionar bien, surgen motivos y pretextos”, dijo sin precisar a quién se refiere y tampoco explicó si presentó una denuncia contra los responsables. En contraste, reiteró que la crisis humanitaria de los desplazados en la sierra de Guerrero, la están atendido con la entrega de despensas, colchonetas y cobertores.