COLIMA, Col. (apro).- Con el propósito de que ningún servidor público local tenga ingresos económicos superiores a los del gobernador del estado o el presidente de la República, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentó en el Congreso local una iniciativa de ley con proyecto de decreto para expedir la “Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Colima”. Al presentar la propuesta, el coordinador de la fracción petista, Carlos César Farías Ramos, comentó que la intención de la iniciativa es la de homologar las políticas públicas federales con las estatales, debido a que el 24 de agosto de 2009 fue publicada una reforma a varios artículos de la Constitución, en la que se fincaron las bases para imponer límites máximos a las remuneraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y ordenó, a su vez, que se emitiera la legislación correspondiente en los estados. “Debemos evitar que esta Soberanía incurra en lo que la reciente doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado omisión legislativa”, expresó el legislador, al precisar que han transcurrido más de nueve años desde su promulgación y aún no hay una ley local en la materia, a pesar de que el decreto federal ordenaba a las legislaturas estatales un plazo de 180 días naturales después de su entrada en vigor. La iniciativa, que fue turnada para su análisis a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y del Trabajo y Previsión Social, pretende modificar las remuneraciones del Congreso del estado de Colima, el Poder Judicial, los organismos autónomos o independientes, los tribunales de justicia, la fiscalía general, los organismos centralizados, paraestatales y descentralizados. El documento incluye cinco capítulos, 17 artículos y dos transitorios, en el que destaca su capítulo segundo, artículo sexto, que habla sobre la determinación de las remuneraciones, y en sus fracciones I y II contempla que ningún servidor público pueda recibir una remuneración o retribución mayor a la establecida para el presidente de la República o el gobernador, además de que ningún funcionario podrá tener un salario mayor igual o mayor que su superior jerárquico, salvo las excepciones especificadas en dicha ley. Asimismo, la iniciativa de ley pretende que todas las remuneraciones y sus tabuladores sean públicos, “por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial”, además de que tendrán que especificar la totalidad de los elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.