MEXICALI, BC (apro).- Guardias de seguridad del Congreso local se enfrentaron con un grupo de activistas que protestaban frente a las instalaciones del recinto para exigir que no se aprueben obras de infraestructura cuyo costo asciende a 9 mil millones de pesos con cargo al erario. La mañana de este jueves, los guardias cerraron los accesos del Congreso ante la presencia de integrantes del movimiento social Mexicali Resiste, quienes pretendían llegar hasta la sala de sesiones para demandar que se cancele la autorización de contratos de infraestructura, vía las Asociaciones Público-Privadas (APP), a través de los cuales se pretende edificar una planta desaladora en Rosarito y Ensenada, así como el sistema pluvial de Mexicali y el sistema de monitoreo de seguridad de Tijuana. La aprobación de esas obras requiere los 13 votos del Partido Acción Nacional (PAN) y cuatro más para lograr mayoría calificada (17 de 25). Y dado que los grupos parlamentarios del Partido Encuentro Social (PES) y Morena rechazaron desde un principio los proyectos incluidos en el dictamen, el cabildeo se centró en los cuatro diputados del PRI, uno del Partido Baja California (PBC) y uno más del Partido del Trabajo (PT), pero no alcanzaron ningún acuerdo. Mientras los diputados cabildeaban en sus oficinas, integrantes de Mexicali Resiste rompieron vidrios de una de las puertas principales para ingresar al recinto parlamentario. Cuando los guardias trataron de contenerlos, los inconformes se dirigieron al tercer piso, donde se ubica la sala Francisco Dueñas Montes. En el trayecto se produjeron golpes y empellones entre ambos grupos. El presidente del Congreso local, el priista Benjamín Gómez, habló con los manifestantes para justificar que el retraso de la sesión se debía al análisis del orden del día que incluía el dictamen de las APP y una licitación para el equipamiento del C5. Al enterarse que los inconformes habían ingresado al recinto, los legisladores salieron de sus oficinas y se dirigieron al estacionamiento con la intención de “huir”, bajo el supuesto de que su seguridad se encontraba en riesgo. Durante varias horas aquellos se mantuvieron en las instalaciones del Congreso local en espera del inicio de la sesión ordinaria, pero finalmente se ordenó su cancelación.