CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa dio a conocer que detectó el uso irregular de 2 mil 164 millones de pesos en la administración de Mario López Valdez, hecho por el que se investiga a nueve exservidores públicos, pero no hay un solo procedimiento administrativo ni posibles denuncias penales contra el exgobernador. Así lo admitió esta mañana la titular de esa dependencia, Guadalupe Yan Rubio, quien se negó a proporcionar los nombres de los exfuncionarios que son investigados, pero fue enfática al señalar que el nombre de López Valdez no se encuentra entre los probables responsables por daño al erario. A seis meses de que Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura de Sinaloa, Yan Rubio informó que sólo encontró 421 millones de pesos en las cuentas bancarias, sin embargo, al terminar su sexenio López Valdez aseguró que había dejado un saldo de mil 088 millones de pesos. Lo anterior forma parte del informe de resultados que presentó esta mañana la funcionaria estatal, quien anunció la apertura de tres expedientes para iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de los nueve exfuncionarios señalados, y en caso de proceder presentarán denuncias penales. De acuerdo con información publicada por Ríodoce, esa decisión quedará en el área jurídica de la Secretaría General de Gobierno. Yan Rubio explicó que los primeros tres expedientes son por el uso irregular de mil 021 millones de pesos, aunque en los próximos días se abrirían otros más por irregularidades en mil 143 millones de pesos, dando un total de 2 mil 164 millones de pesos que se utilizaron violentando la ley durante el sexenio de López Valdez. Según lo informado, el gobierno de Ordaz Coppel revisó en los últimos seis meses los saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no federalizado y 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras. Se encontró que existe una deuda de mil 934 millones de pesos de cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del estado de Sinaloa y al ISSSTESIN. Esta práctica se observa desde 2012, registrándose un incremento importante del 47% en el ejercicio de 2016, de acuerdo con la nota de Ríodoce. De los recursos que envió el gobierno federal para la obra pública, el gobierno de López Valdez realizó traspasos no justificados a otras cuentas estatales por 563 millones de pesos. Además, en una revisión de 4 mil 800 pólizas por 830 millones de pesos se detectaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación, ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto. En la obra pública también se encontraron convenios para modificar el presupuesto fuera del margen permitido por la ley. De 115 convenios de obra pública revisados se encontraron 23 contratos en donde el convenio de ampliación superó el 25% que permite la ley. También se entregaron contratos de obra pública sin contar con derechos de propiedad de los terrenos y sin autorizaciones para los presupuestos. El gobierno de Mario López Valdez también contrató a proveedores que han sido sancionados por la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria. Sin embargo, Rogelio Aviña Martínez, subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, reiteró a la prensa que el exmandatario no estaba en la lista de los nueve exservidores públicos a quienes se han llamado a rendir cuentas.