CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el gobierno de Mario López Valdez en Sinaloa, diversas empresas que simularon operaciones, emitieron facturas apócrifas o simplemente no existen ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), fueron contratadas por un monto de hasta 247 millones de pesos. Según una investigación de Ríodoce, casi la mitad de los recursos se destinaron a una sola empresa irregular: Mtorres Desarrollo y Construcción SA de CV, originaria de Los Mochis, Sinaloa. El Instituto Sinaloense de Infraestructura Física y Educativa (ISIFE) de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), a cargo de Francisco Frías Castro; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con José Luis Sevilla Suárez y la Secretaría de Salud a cargo de Ernesto Echeverría Aispuro, fueron los principales contratantes. Mtorres y otras empresas forman parte de la relación de Contribuyentes Incumplidos con Operaciones Inexistentes, clasificados así de acuerdo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y disponibles para su consulta pública en el portal web de trámites y servicios a contribuyentes del SAT. Ríodoce realizó un cruce de datos, utilizando una aplicación (ContratoBook), desarrollada por Spaceshiplabs, una organización civil mexicana mediante la que buscaron empresas contratadas por el gobierno sinaloense a través de la plataforma Compranet del gobierno federal y las empresas notificadas por el SAT como contribuyentes incumplidos. La búsqueda arrojó 37 empresas notificadas por el SAT que firmaron 83 contratos con el gobierno de Sinaloa entre 2011 y 2016 para realizar desde la pavimentación de calles hasta abasto de medicamentos para el sector salud. Sin embargo, en el caso de Mtores Desarrollo, a pesar de encontrarse en la lista de No Localizados por el SAT, recibió contratos por 137 millones 80 mil pesos, firmados con la Secretaría de Obras Públicas y la SEPyC, a través del ISIFE. De acuerdo con los contratos firmados, la constructora realizó reparaciones en escuelas primarias, instaló subestaciones de energía eléctrica en escuelas, participó en la construcción de la Ciudad Educadora en Culiacán, el hospital del Valle del Carrizo y el Bulevar Juan S. Millán, en Guasave, entre otros. De entre las 37 contratistas del gobierno de Malova, detectadas por el SAT por irregularidades en diferentes categorías, Mtorres Desarrollo y Construcción concentró poco más de la mitad de los recursos. El Código Fiscal de la Federación, establece que cuando el SAT no localiza al contribuyente en el domicilio fiscal que proporcionó o si el domicilio no cumple con las características de ley, es decir se trata de casas habitación, departamentos o terrenos, ingresan en la categoría de No Localizados. En el sexenio de Malova, se contrató a 31 empresas incluidas en la lista de No Localizadas del SAT, debido a que sus domicilios fiscales no coincidieron con el giro de la compañía o simplemente son inexistentes. Así, la Secretaría de Obras Públicas entregó contratos por 123 millones 192 mil pesos a 12 empresas constructoras con domicilios fiscales no localizados, entre ellas la constructora Terracerías y Excavaciones Sánchez, que edificó la carretera México 15-Chametla en Rosario durante 2013 y pavimentó una calle en Concordia, en el mismo año, por un monto total de 10 millones 165 mil pesos. En la lista también están: Chinosa Construcciones, Covisin, La Peña Construcciones y José Luis Espinoza y Asociados. La SEPyC, por su parte, a través del ISIFE entregó 64 millones 804 mil pesos para la construcción de aulas, rehabilitación de escuelas primarias y jardines de niños y subestaciones de energía eléctrica en planteles escolares, a compañías que según el SAT son inexistentes, como Grupo GF Construcciones, Constructora Isla Nueva, Construcción y Servicios Wacco y Chapem SA de CV. La Secretaría de Administración y Finanzas realizó contratos por 18 millones 895 mil pesos con empresas que le vendieron vehículos y servicios de seguridad privada. El SAT colocó en su lista de contribuyentes incumplidos definitivos a tres compañías contratadas por el gobierno de Sinaloa que simularon operaciones, emitieron facturas apócrifas o no lograron comprobar la existencia de su empresa. A dichas empresas el gobierno sinaloense les entregó tres millones 591 mil 229 pesos. En la lista negra se encuentran: Comercial GDH, Lex Publicidad Integral y Okolome SA de CV, contratadas por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), la Secretaría de Salud y la SEPyC, entre 2011 y 2014. Comercial GDH SA de CV recibió cuatro contratos por un total de 914 mil 191 pesos, firmados con la SAyF y la Secretaría de Salud. Para la SAyF, a cargo de Armando Villarreal Ibarra, Comercial GDH instaló un equipo informático para la modernización tecnológica del Instituto Catastral, que tuvo un costo de 527 mil pesos. Con la Secretaría de Salud se firmaron tres contratos para equipar centros de salud y proporcionar equipo médico por 386 mil 777 pesos, entre 2011 y 2014. Esta dependencia también contrató a Lex Publicidad Integral SA de CV en 2014, para dar servicio de serigrafía en uniformes del personal, a través de un contrato de un millón 226 mil 399 pesos. Okolome SA de CV, fue contratada por la SEPyC con un contrato de un millón 420 mil 702 pesos por la terminación de una primaria en Culiacán. El SAT detectó empresas con irregularidades que no incluyó en la lista negra pero sí las colocó en la lista de “presuntas”. En ese rubro se encuentran Grupo CH Colors y Migma Construcciones, contratadas por las Secretarías de Salud y de Obras Públicas. Migma Construcciones construyó la carretera El Maquipo–El Coyote en Sinaloa y Grupo CH Colors brindó servicios integrales para una reunión de la Secretaría de Salud, donde las autoridades han acusado graves irregularidades y se lleva a cabo una investigación por el posible desvío de recursos a través de la compra de medicamentos. En la misma dependencia se concentraron cuatro de los seis contratos con compañías incluidas en la lista de Definitivos del SAT, pero también firmó un contrato con una empresa en la lista de presuntas y once contratos con empresas No Localizadas. En total, la Secretaría de Salud, administrada por Ernesto Echeverría Aispuro, entregó 21 millones 361 mil pesos a compañías irregulares ante Hacienda.