CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- “Siete años es mucho tiempo para esclarecer un homicidio”, deploró la parlamentaria finlandesa Satu Hassi a propósito del aniversario del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras iban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. En abril se cumplirán siete años del crimen pero, a la fecha, de los presuntos responsables, uno ya murió, ocho están en libertad y cinco se encuentran en prisión sin sentencia; dos de las testigos claves que presenciaron los hechos son amenazadas, y como complemento de las irregularidades, el abogado de los acusados es también el intérprete de las familias de las víctimas. “Esto hace que crezca la desconfianza en la voluntad de las autoridades. Luego de tantos años la resolución del caso es una idea muy remota”, expuso en entrevista la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Finlandia y exintegrante del Parlamento Europeo, quien desde 2011 participa en la misión de trabajo que cada año viene a México a conocer los avances del caso. Satu Hassi, quien visitará Oaxaca junto con sus compatriotas, los parlamentarios Ska Keller y Josep-María Terricabras, señaló que en Finlandia –país de donde era originario el activista Jyri Jaakkola– hay una preocupación porque han pasado muchos años y todavía no hay un juicio y el hecho de que cada año se postergue la investigación hace más difícil tener justicia. “Nuestro mensaje a las autoridades federales y de Oaxaca es la misma demanda: que el caso sea llevado a la justicia”, señaló la finlandesa antes de reunirse con funcionarios de la Procuraduría local; además se prevé que tenga una audiencia con el gobernador Alejandro Murat. Ante los funcionarios, explicará su postura sobre la investigación, por ejemplo, el que cada detenido esté en un proceso penal por separado, a pesar de que se trata del mismo delito y de las mismas evidencias y testigos para cada sospechoso. Sobre esto, dijo que la cuestión es sí es realmente si quieren resolver el caso, porque esta situación hace mucho más difícil y lento esclarecer el crimen. “¿Por qué obligar a los testigos a venir cinco veces a decir lo mismo, o trece veces si se detiene a los trece?, uno sólo puede preguntarse cuál sería la motivación de actuar de esa manera”, señala. Aunado a esto, el abogado de los acusados funge como intérprete de las familias de las víctimas para traducir sus declaraciones del triqui al español, lo que indica que no hay imparcialidad y objetividad; hay evidencias que, sin motivo fundado, han sido rechazadas, y el caso se lleva en Huajuapan en la región triqui, un lugar inseguro para los testigos. “Mi idea es que se ha usado cualquier tipo de complejidades jurídicas, por parte del estado y el gobierno federal, para no enjuiciar a los sospechosos”, consideró la parlamentaria. Satu Hassi destaca que este caso se ha llevado hasta la oficina del Primer Ministro de Finlandia y al Parlamento Europeo, pero hasta ahora no hay respuesta del gobierno mexicano. Sin embargo, considera que seguirán insistiendo porque creen firmemente que el deber de un Estado es proteger a su ciudadanía y pedir justicia para ella.