PUEBLA, Pue. (apro).- Desde marzo de 2015, la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encargada de otorgar becas y administrar a una de las instituciones académicas con mayor prestigio del país, dejó su sede en esta entidad y se cambió a Guadalajara, Jalisco. En un episodio más de las maniobras que han realizado integrantes de la familia Jenkins respecto del manejo de la Fundación Mary Street Jenkins, benefactora de la Fundación de la UDLAP, ayer se dio a conocer la escritura en la que quedó asentado el cambio de domicilio, efectuado en absoluta secrecía. De acuerdo con fuentes allegadas al proceso judicial que se sigue en contra de integrantes de la familia Jenkins, ésta sería una argucia legal para dificultar la recepción de notificaciones dentro del juicio de lo que sería “la mayor defraudación filantrópica de la historia”. Desde 2013, Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, denunció una serie de maniobras realizadas por sus propios padres y hermanos por saquear la Fundación Jenkins, con un patrimonio superior a los 720 millones de dólares, dinero que su abuelo, el filántropo Guillermo O. Jenkins, dejó para obras de beneficencia que apoyaran la educación, la cultura y el deporte. Según el acta protocolizada el 5 de marzo de 2015 ante Víctor Manuel Delgado Márquez, notario público 137 de Guadalajara Jalisco, la decisión de cambiar la sede de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla a Jalisco fue tomada en una sesión del Patronato realizada el 2 de diciembre de 2014. En esa misma acta se asienta que Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa y Juan Guillermo Eustace Jenkins se retiran temporalmente como patronos de la Fundación UDLAP, ya que al mismo tiempo se han separado de la Fundación Mary Street Jenkins. A la vez, se nombra como sustitutos en ambos patronatos a Juan Carlos, Margarita y María Elodia Jenkins de Landa, así como a Óscar Michel Márquez y Cristina Isabel Amieva Gálvez. En la resolución séptima de la sesión del patronato, realizada en la Ciudad de México, los integrantes aprueban por unanimidad “en términos de lo previsto en el artículo tercero de las bases constitutivas” de la Fundación UDLAP, así como de la cláusula quinta de los estatutos sociales, cambiar el domicilio. De acuerdo con el acta, la fundación se somete de esta forma a las leyes aplicables al estado de Jalisco y a las autoridades competentes del municipio de Zapopan. Hasta ahora la rectoría de la casa de estudios no ha emitido posicionamiento alguno sobre esta determinación desconocida hasta ahora y que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Jalisco el 18 de noviembre de 2016. Tampoco se tiene claro si este domicilio en Jalisco, de una universidad privada que opera en Puebla, podría tener consecuencias legales para sus egresados que acreditan sus estudios por la Secretaría de Educación y el gobernador de Puebla. Apenas en septiembre, los abogados de Guillermo Jenkins dieron a conocer la ruta que siguieron los integrantes de la familia para saquear la Fundación Mary Street Jenkins, fundada por el empresario Guillermo O. Jenkins en 1954 para obras de beneficencia, principalmente en Puebla. Desde los años 90, los integrantes de la familia Jenkins fueron acusados de desplazar de la Fundación a integrantes del patronato para que los cargos fueran ocupados por familiares, aun cuando no reunían el perfil establecido en los estatutos. Incluso en 2013 Guillermo Jenkins de Landa fue expulsado como patrono por oponerse a estas maniobras de su familia, que acaparó el patronato y las decisiones sobre el patrimonio de la fundación, que a partir de entonces empezó a esfumarse. En abril de 2014, Guillermo Jenkins Anstead --ahora fallecido--; su esposa, Elodia de Landa, y sus hijos Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos, traspasaron 720 millones de dólares patrimonio de la fundación Jenkins a otra institución de nombre Fundación Bienestar de Filantropía, con sede en Aguascalientes. Luego, a finales de 2014, Bienestar Filantropía cambió su domicilio a Bridgetown, Barbados, y un año después mudaron esta misma fundación a Panamá, pero le cambiaron de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano y elaboraron un reglamento en donde los miembros de la familia se nombran como beneficiarios de dicha institución. Los 720 millones de dólares que tenía la Fundación Jenkins en 2014 se redujeron, de acuerdo con un reporte que rindieron en Panamá en 2016, a 387 millones de dólares, casi 50% menos en un lapso de dos años. Pero ya no se habla de obras de beneficencia, sino de las cantidades de dinero que recibirá cada miembro de la familia. De acuerdo con Guillermo Jenkins Landa, su familia cometió una serie de fraudes para apropiarse de una fortuna que “jamás les perteneció”, pero que ellos creían les debió corresponder por herencia. Esto, a pesar de que en su testamento Guillermo O. Jenkins dejó en claro: “…siempre he tenido la firme convicción de que, en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesiten, teniendo la creencia del propio señor testador, que nadie con capacidad de trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo…”.