MORELIA, Mich. (apro).- El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Víctor Silva Tejada, pidió que se investigue el manejo de las finanzas durante los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, para que la investigación en materia de deuda pública sea pareja y no sólo contra funcionarios priistas. En el mismo sentido se pronunció la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa, quien dijo que la Contraloría de Michoacán “no puede ser omisa” ante presuntos malos manejos financieros que pudieron haberse cometido en los últimos dos periodos del PRD, cuando gobernaron Cárdenas Batel y Godoy Rangel. En entrevista con Quadratín, la excandidata a la gubernatura celebró que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo iniciara un proceso penal contra 10 exfuncionarios –entre ellos dos exgobernadores: Fausto Vallejo y Salvador Jara, señalados por un presunto daño al erario superior a los 3 mil 700 millones de pesos– que estuvieron en activo de 2012 a 2015. Sin embargo, advirtió que “deben ser muy cuidadosos” para garantizar que se realice un proceso apegado a la ley, que permita que se finquen responsabilidades y se sancione a los autores del quebranto financiero en la entidad, cuya deuda pública asciende actualmente a 30 mil millones de pesos. “La Contraloría sería omisa si no regresa por lo menos hasta el año 2002, porque fue en ese periodo cuando la deuda pública comenzó a crecer exponencialmente, y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel la disfrazó con nombres técnicos que abonaron a la opacidad, y no dejaba claro en qué se habían ejecutado los recursos. Seguramente ahora se están tomando estos primeros datos, pero se tendrá que mirar más atrás”, comentó la panista. Y es que en los últimos tres periodos de gobierno, de 2002 a 2015, con dos gobernantes del PRD y un atropellado trienio del PRI –con tres mandatarios–, las justificaciones por el quebranto financiero se han peloteado entre priistas y perredistas: unos reclaman a los otros la ‘herencia’ de una deuda multimillonaria, mientras aquellos acusan la pretensión de una ‘cacería de brujas’. De un lado, la defensa priista asegura que en enero de 2003 Cárdenas Batel contrató deuda por 1 mil 500 millones de pesos; en 2005 más deuda por 1 mil 500 millones, y en 2007 otros 3 mil 500 millones de pesos, con lo que al término de su gobierno la deuda ascendía A 6 mil 500 millones de pesos. En tanto, los perredistas cuestionan subejercicios y presuntos desvíos de parte de los priistas. Según ha quedado asentado en los archivos del Poder Legislativo, en la revisión a la cuenta pública de 2007, de Cárdenas Batel, se pusieron en evidencia más de 300 observaciones financieras y de obra pública pendientes de comprobar, y alrededor de 2 mil 800 millones de pesos poco claros en cuentas municipales. En la revisión de la cuenta pública de 2008, con Leonel Godoy en el gobierno, se evidenció un subejercicio por 731 millones de pesos y 661 observaciones de asuntos pendientes por aclarar. A su llegada, en 2012, el priista Fausto Vallejo denunció que había recibido la administración con una deuda de 28.3 millones de pesos. Y Godoy justificaba la realización de una presa, caminos, cinco centros penitenciarios y nueve hospitales. En noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación hizo un total de 206 observaciones y 76 recomendaciones a la cuenta pública de 2013, donde tuvieron responsabilidad Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna. Pero la cuenta pública 2014, de Salvador Jara, cuenta –como ninguna otra de sus antecesores– con 9 mil 203 señalamientos de inconsistencias. En ese año el órgano fiscalizador cuestionó la posible existencia de conductas, actos, hechos u omisiones que producen daños y perjuicios calificados como irregulares, de acuerdo con la información difundida en el portal de Quadratín.