CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Fiscalía General de Justicia de Morelos indagará a servidores públicos de la dependencia por el robo de dinero y joyas durante las diligencias en la casa de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, asesinada el pasado 2 de enero. De acuerdo con el abogado de la familia, quien pidió que se reservara su identidad, los elementos policiacos sustrajeron una cantidad “importante” de dinero, así como alhajas de la recámara de Gisela Mota, pues no pudieron haber sido hurtadas por quienes la asesinaron, ya que nunca ingresaron a la recámara de la alcaldesa. La recámara de Gisela se encuentra ubicada en el segundo piso de la vivienda ubicada en el número 3 de la calle Lázaro Cárdenas, en la comunidad de Pueblo Viejo, en Temixco, misma que fue “asegurada” por el personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía, durante todo el sábado 2 de enero. La vivienda les fue devuelta a los familiares en la madrugada del domingo, y al realizar la limpieza, la familia notó que faltaba dinero y alhajas. Estos hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público que lleva el caso de Gisela. Hurto durante diligencias Diez días después de que ocurriera el asesinato, el fiscal General del Justicia, Javier Pérez Durón, confirmó que abrirá una carpeta de investigación contra servidores públicos de la dependencia que fueron acusados de hurtar dinero en efectivo y objetos de valor durante las diligencias realizadas en la casa de la presidenta municipal. De acuerdo con los señalamientos del abogado, el hecho delictivo se perpetró durante las primeras diligencias ministeriales realizadas en la vivienda de la calle Lázaro Cárdenas del poblado de Pueblo Viejo, apenas minutos después del homicidio. Al concluir una reunión privada con los familiares de Gisela Mota, el fiscal Pérez Durón dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación de estos hechos, en los que podrían estar implicados peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales, así como efectivos de la Policía de Investigación Criminal. Aunque evitó hacer acusaciones directas contra su personal, Pérez Durón dijo que las investigaciones van a determinar si existe responsabilidad o no en contra de los servidores públicos. Lo primero, agregó el funcionario estatal, es identificar a todas las personas que arribaron al lugar, y a partir de ello procederá la investigación con la información que dio la familia Mota Ocampo al propio fiscal. Derivado de estas acusaciones, Pérez Durón ya planteó a los coordinadores de los Servicios Periciales y de la PIC, establecer nuevos protocolos de intervención durante los levantamientos de cuerpos y las primeras investigaciones en las escenas de los crímenes.