México, D.F., (apro-cimac).- Sin reconocer abiertamente que el Estado de México es una de las entidades más violentas para las mujeres, el gobernador Eruviel Ávila Villegas solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios mexiquenses. Al encabezar la Firma del Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado de México (GEM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en la ciudad de Toluca, el mandatario aseguró que su gobierno está “en alerta permanente para proteger los derechos de las mujeres y asegurar que tengan una vida libre de violencia”. Contra lo que dicen los números, añadió que el Estado de México “no es la entidad con el mayor índice de delitos contra las mujeres”. Dijo que por cada 100 mil habitantes se registran 1.75 casos de feminicidio, mientras que en otros estados la incidencia es de 6.61 por cada 100 mil habitantes. Asimismo refirió que desde 2011, cuando se tipificó el feminicidio en la entidad, a la fecha suman 209 casos, de los cuales 130 han sido judicializados, y en 67 ya existen sentencias que van de los 40 a los 60 años de prisión. Luego de enlistar “los importantes avances” de su gobierno para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, dijo que “haciendo eco de diferentes organizaciones civiles, legisladoras de diferentes partidos políticos, (se ha) decidido solicitar de manera oficial la AVG”. “Hemos girado un oficio informando de esta decisión al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y he instruido al secretario (de Gobierno), José Manzur, dar seguimiento a esta solicitud para, ojalá, que podamos tener una pronta respuesta”, agregó. Según lo dicho por el gobernante, la AVG se pidió para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco. En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una de las organizaciones que desde 2010 ha exigido la activación de la AVG en la entidad, celebró el anuncio hecho por Eruviel Ávila. Es el reconocimiento tácito, dijo, de que las mexiquenses son víctimas de un patrón de violencia sistemática en su contra, y que pone en riesgo su vida. “Cuando hablamos de la AVG en realidad estamos hablando de una violencia estructural contra las mujeres y de violaciones graves a derechos humanos y no de un sólo asesinato o de casos aislados; para nosotras esto es el claro anuncio de que el Sistema Nacional va a decretar la alerta, y vemos como positivo que en el gobierno local se haya aceptado la existencia de la problemática”, dijo. Precisó que jurídicamente Eruviel Ávila no puede presentar una solicitud de AVG, y que la declaración de ésta es parte de un procedimiento que está debidamente reglamentado. Según el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia –en la que está definido el mecanismo–, la solicitud de AVG “podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas”. Estrada abundó que en el Estado de México la violencia contra las mujeres no debe medirse en tasas o incidencia, sino en las formas crueles y degradantes en las que las mujeres están siendo asesinadas y desaparecidas: “Tenemos casos de mujeres mutiladas, arrojadas en canales, barrancas, precisamente en los municipios que él (Eruviel Ávila) mencionó”. Asimismo indicó que se trata de una oportunidad que tiene el gobierno local para corregir y profundizar sus políticas públicas de prevención atención y sanción de la violencia contra las mujeres, recordó que la declaratoria no es una dádiva del gobierno, sino parte de una batalla de procesos judiciales que la sociedad civil emprendió hace casi cinco años. Larga batalla Desde 2010 el gobierno mexiquense negó, invisibilizó y minimizó la violencia feminicida en la entidad, así como las crecientes desapariciones de mujeres y niñas. Al mismo tiempo se rehusó a reunirse con familiares de víctimas, defensoras de derechos humanos y activistas. En 2010, durante el gobierno estatal del priista Enrique Peña Nieto –hoy titular del Ejecutivo federal–, el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron la activación de la AVG en la entidad ante los 922 asesinatos violentos de mujeres documentados por estas organizaciones. La solicitud fue negada luego de que en una sesión del Sistema Nacional para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) –entonces encargado de definir la procedencia de la solicitud– representantes del Edomex aseguraran que en la entidad no existía la violencia contra las mujeres, y que la solicitud “era un golpe político” para Peña Nieto, entonces aspirante a la Presidencia de la República. Las organizaciones civiles recurrieron a un amparo para insistir en la activación de la AVG, e incluso un juzgado federal ordenó realizar la investigación solicitada por las activistas. Aunque la orden judicial fue impugnada por las autoridades, finalmente el 28 de abril de 2014 el Sistema –mismo al que Ávila Villegas asegura haber solicitado la AVG– admitió la procedencia de la solicitud, y anunció el inicio de una investigación por parte de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de gente de la academia. Estrada aseguró que aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) les informó que ya había concluido la indagación, y que los resultados serían publicados en breve, hasta ahora se desconoce el contenido del informe. “Si se hubiera aceptado declarar la AVG en 2010 no tendríamos el contexto tan complejo al que ahora se enfrentan las mujeres”, sostuvo Estrada, al asegurar que la entidad enfrenta dos realidades: los asesinatos ocurridos durante el periodo de Peña Nieto y el escenario de desapariciones de niñas y adolescentes que se incrementó desde 2011. Oficialmente, la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Género del Estado de México reconoció 400 casos de desaparición en menores de edad en 2014, mientras que el OCNF tiene el registro de mil 258 mujeres desaparecidas entre 2012 y 2013, de las cuales el 53 por ciento eran menores de 17 años de edad. Para la organización, las acciones que se desprendan de la declaratoria de AVG deben ser pensadas de una manera integral y con un enfoque de género y respeto a los derechos humanos. Una de las primeras acciones que se deberían llevar a cabo, según el OCNF, es el cabal cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a las autoridades mexiquenses volver a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en 2010, a fin de resarcir todas las fallas que cometió la Procuraduría General de Justicia, que en todo momento aseguró que se trató de un “suicidio”, pese a que existían evidencias de que Mariana había sido víctima de violencia. Otra de las acciones que el OCNF considera como fundamentales es que en el Estado de México se evalúen los procedimientos mediante los cuales se busca a las niñas y mujeres reportadas como desaparecidas, toda vez que existen evidencias de que no hay búsquedas inmediatas, lo que deriva en que ocurran delitos más graves como feminicidio y trata de personas. Muestra de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente localizados en el Río de los Remedios, municipio de Ecatepec, en octubre de ese año. Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos en junio pasado para continuar investigando el caso. El camino hacia la justicia “Si realmente se tiene voluntad de resolver el problema y activar la AVG, estamos esperando que la autoridad revise todos los casos de feminicidio que permanecen en la impunidad, y que nos diga qué va a suceder con ellos”, puntualizó María de la Luz Estrada. Uno de los casos más emblemáticos de feminicidio y falta de acceso a la justicia es el asesinato de Nadia Alejandra Muciño Márquez, perpetrado en febrero de 2004 por su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de éste, Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, toda vez que a 11 años de distancia el crimen sigue impune al no haber sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de reparación del daño, pese a que el GEM se comprometió a otorgar becas, seguridad social y créditos de vivienda para los tres hijos de la víctima, ahora adolescentes. Otro de los casos impunes y que evidencia la falta de medidas de prevención de violencia feminicida por parte de las autoridades, es el de Rosa Diana Suarez Torres, joven de 22 años asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García, el 31 de diciembre de 2010, luego de que el Ministerio Público de Atizapán le negara una orden de protección que solicitó tras ser agredida físicamente por su pareja, con el argumento de que “las órdenes de restricción sólo existían en Estados Unidos”. Finalmente, Estrada anunció que las organizaciones se mantendrán atentas al procedimiento que se siga para concretar la declaratoria de AVG en la entidad, así como para conocer los resultados de la investigación que se realizó.