México, DF (apro-cimac).- “Sea como sea, la alerta de violencia de género se declaró”, respondió el procurador mexiquense Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tras comparecer ante el Senado como aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde además evadió los cuestionamientos sobre la ola de asesinatos y desapariciones contra las mujeres de esa entidad. Ayer, Gómez Sánchez compareció ante la Comisión de Justicia del Senado como parte de las presentaciones de los aspirantes a ocupar un lugar en la SCJN, y durante más de seis horas fue cuestionado por los legisladores sobre su actuación al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). Gómez Sánchez fue subprocurador jurídico en el Edomex cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, y se convirtió en consejero jurídico adjunto del gobierno federal cuando éste llegó a la Presidencia, cargo que desempeñó hasta mayo de 2014, cuando fue nombrado titular de la PGJE. En su comparecencia fue severamente cuestionado por las supuestas omisiones de la PGJEM al indagar los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde volvió a deslindar la actuación de los militares vinculados a violación de los derechos humanos, con los agentes de la Procuraduría a su cargo, de quienes, sostuvo, si caso incurrieron en “omisiones y deficiencias”. Sin embargo, uno de los temas más evadidos por el procurador fue la violencia contra las mujeres en el Edomex, la cual se traduce en altos índices de feminicidio y desaparición de jóvenes. Al respecto, Alejandro Jaime Gómez atajó que la Procuraduría realiza acciones para detener esa violencia a partir de lo estipulado por la AVG, “que sea como sea se decretó”, reviró ante los señalamientos de las y los senadores. Luego presumió que se creó un “protocolo en materia de feminicidios para atender casos desde su conocimiento”, y aceptó que falta capacitar y sensibilizar al Poder Judicial en materia de género. Gómez Sánchez rechazó igualmente que la entidad tenga la tasa más alta de feminicidio del país, y refirió que a la fecha hay reconocidos 235 casos, de los que 62% están “judicializados”. “El Estado de México, con base en la tasa por cada 100 mil habitantes, no es la entidad que tenga la mayor cantidad ni de homicidios, ni de feminicidios”, sostuvo. De acuerdo con la reciente investigación por feminicidio que realizó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que derivó en la activación de la AVG para 11 municipios mexiquenses en julio pasado, se han cometido al 31 de julio de este año mil 552 casos de feminicidio, de los que sólo se han atendido 227. “Esta cifra realmente alarmante da cuenta de graves omisiones de la autoridad, más aún cuando la propia Procuraduría del Estado de México sólo reconoció, el año pasado, 27 casos de feminicidio, y en 2015 ha reconocido 19, cifra que contrasta con muchas de las organizaciones sociales”, fustigó el senador Alejandro Encinas, al señalar que en la PGJEM pudiera existir un “grave problema de corrupción”. Asimismo, el procurador evadió las preguntas sobre el avance de la AVG en los 11 municipios mexiquenses, y respecto del cumplimiento de la sentencia por el caso de Mariana Lima Buendía –joven asesinada en 2010–, y en la que la SCJN ordenó desde marzo pasado una nueva investigación con la debida diligencia sobre este presunto feminicidio. La semana pasada, la jueza segunda de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, concedió un amparo promovido por organizaciones civiles y resolvió, entre otros puntos, que la PGJEM “obstaculizaba la justicia a las víctimas de feminicidio”. En su sentencia, García Villegas relató que la PGJEM se negó en tres ocasiones a presentarle estadísticas sobre homicidios de mujeres y casos de feminicidio, y luego de interponer diversos medios de defensa, la dependencia finalmente entregó la información, pero determinó que no sabía cuáles eran feminicidio, porque –según respondió la Procuraduría– eso le corresponde a la autoridad judicial, “lo que evidencia que no les dio seguimiento cuando menos para ver cómo se habían calificado dichos homicidios”. De acuerdo con la jueza, la falta de esa información “retrasa significativamente la administración de justicia”, y revela que hay una “intolerancia a la crítica pública” por parte de las autoridades en la entidad. El fallo judicial prevé que la PGJEM realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad en memoria de las mujeres asesinadas en la entidad, así como hacer un compromiso con la sociedad para cumplir la declaratoria de AVG y crear estadísticas confiables en materia de violencia de género.