MÉXICO, DF (apro-cimac).- El Estado mexicano deberá ofrecer una disculpa pública a las mujeres por haber obstaculizado durante más de cuatro años la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México. Así lo determinó la juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, al conceder un amparo promovido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). La resolución –dictada el pasado 25 de noviembre y notificada ayer a las partes involucradas– ordena al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, comprometerse por escrito a no volver a minimizar los casos de feminicidio. En el juicio de amparo indirecto 429/2015, García Villegas determinó que al demorar cuatro años y medio en emitir la AVG, el Sistema minimizó la gravedad de la violencia feminicida en el Estado de México, vulneró la seguridad de las mujeres y violentó los derechos humanos de las víctimas, sus familias y el resto de la sociedad. El Sistema, añadió, no debe volver a sostener que las solicitudes de declaratoria de AVG son un “ataque político” en contra del gobierno estatal en turno, y para reparar el daño ocasionado –puntualizó– debe ofrecer una disculpa pública por el retraso en la declaratoria de AVG. Además, debe comprometerse por escrito “con la parte quejosa y ante la fe de un fedatario público” a no volver a retrasar ni a minimizar el aumento en el índice de homicidios de mujeres. En cuanto al gobierno del Estado de México, pidió a la Procuraduría General de Justicia (PGJEM) que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad en memoria de las mujeres asesinadas en la entidad, y comprometerse con la sociedad a hacer cumplir en todas y cada de sus partes la declaratoria de AVG. La juez también ordenó a las autoridades mexiquenses crear estadísticas confiables en materia de violencia de género. En caso de desacato judicial de la sentencia, la sanción podría implicar la remoción de funcionarios de sus cargos públicos. Batalla legal por la justicia El juicio de amparo fue interpuesto por la CMDPDH y el OCNF en febrero pasado, cuando aún no se declaraba la AVG para 11 municipios mexiquenses, pero ya habían transcurrido cuatro años desde que las organizaciones civiles solicitaron su emisión. La AVG fue demandada inicialmente por ambas agrupaciones en diciembre de 2010, en respuesta a los 922 asesinatos registrados de 2005 a 2010 en la entidad, cuando gobernaba el ahora titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Sin justificar o argumentar su decisión, en enero de 2011 el Sistema negó la procedencia de una investigación de la violencia feminicida en la entidad mexiquense. La CMDPDH y el OCNF presentaron ese mismo año una primera demanda de amparo contra la resolución, que al ser resuelta en 2012 se ordenó realizar la indagatoria. Luego de que el Sistema impugnó ese primer amparo, en abril de 2014 (dos años después), anunció que realizaría la investigación y que correría a cargo de un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario conformado por funcionarios y sin la participación de gente de la academia. En febrero de este año, mientras las autoridades “investigaban”, las organizaciones civiles documentaron nuevos casos de feminicidio en el Estado de México y promovieron un segundo amparo ante la dilación del gobierno para declarar la AVG. Este juicio es el que se resolvió el pasado 25 de noviembre. Previamente, el 31 de julio, el Sistema ya había emitido –con cuatro años y medio de retraso– la declaratoria de AVG para 11 municipios mexiquenses: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. “Decisión sin precedentes” María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora nacional del OCNF, aplaudió la resolución del juicio de amparo y dijo que se trata de una “decisión sin precedentes” al determinarse que hubo negligencia de las autoridades encargadas de emitir la AVG. Además se reconoció el derecho de las mexiquenses a acceder a la reparación del daño, luego de que los representantes del Estado violaran sus derechos humanos, sostuvo. Estrada explicó que la juez Paula María García Villegas realizó un análisis jurídico del procedimiento de cuatro años y medio que libraron las organizaciones para que finalmente se emitiera la Alerta, y señaló que de haberse declarado la AVG en un primer momento, muchos casos de feminicidio y desaparición se habrían evitado. Con el fallo se “responsabiliza en cierta forma al Sistema de esta violencia”, remató la activista.