MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Los acuerdos que funcionarios federales firmaron en mayo pasado con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas, al contrario, provocaron los despidos de quienes se manifestaron y abusos contra la población más vulnerable. Así lo consideró Margarita Nemecio Nemesio, colaboradora del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, durante su participación en el seminario “Mujeres y migración. El caso de las mujeres migrantes en la Sierra de Guerrero”, realizado este miércoles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con la defensora, quien ha participado en diversas investigaciones sobre jornaleras migrantes, se esperaba que el movimiento laboral que iniciaron las y los jornaleros en Ensenada, Baja California, en marzo pasado, tuviera un efecto en el trabajo agrícola en todo el país. No obstante, tras un sondeo reciente la activista tuvo conocimiento de al menos 20 casos de mujeres jornaleras, provenientes de los estados de Guerrero y Oaxaca, que fueron despedidas en represalia por participar en el movimiento. En respuesta, las afectadas presentaron denuncias (algunas anónimas para evitar represalias) ante las instancias laborales del Valle de San Quintín. Nemecio Nemesio informó que la mayoría de las mujeres perjudicadas por el despido masivo buscaron otra fuente de ingresos y algunas otras regresaron a sus entidades de origen. Sostuvo que los acuerdos del gobierno federal sólo quedaron en el papel, porque el salario precario se mantiene hasta ahora. También dijo que a través de las redes de contratación a nivel nacional y con técnicas de “enganchamiento fraudulentas”, los empresarios empezaron a ofrecer trabajo a gente del sur del país que desconoce sus derechos y, por tanto, se trata de una población más vulnerable. Corrupción limita derechos La activista, experta en temas agrarios y de derechos humanos, explicó que prácticamente sólo un programa federal, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, concentra todo el apoyo gubernamental para este sector. No obstante, el presupuesto de ese programa –que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– ha disminuido año con año porque los gobiernos no lo consideran prioritario, y aunque ha cambiado varias veces sus reglas de operación para incorporar talleres y capacitación en derechos humanos, la encuesta en la que está basado su diagnóstico es de 2009, apuntó. A esto se suma que ninguna otra estrategia de atención a jornaleras y jornaleros cuenta con enfoque de género, además de que no son nacionales ni integrales. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe enfocarse en certificar la mano de obra agrícola para que sea contratada por empresas que cumplen los estándares en la protección de derechos. No obstante, dijo, la dependencia no verifica que esas certificaciones sean verdaderas o que no hayan sido adquiridas por medio de estrategias fraudulentas. La STPS, añadió, sigue dando subsidios a agricultores o empresas, sin verificar que realmente otorguen garantías a su personal, ya que cuando hay inspecciones en los centros de trabajo se avisa a los dueños para que simulen que cumplen con estándares mínimos o simplemente no se realiza la revisión. Margarita Nemecio destacó que la población jornalera no tendría por qué certificar su fuerza de trabajo en condiciones de explotación laboral y de “esclavitud moderna” en la que se encuentra en los campos agrícolas, principalmente de Sonora, donde se utilizan contratos internos que desglosan más obligaciones para los trabajadores que para la empresa. La experta llamó al gobierno a articularse más con las propuestas de los grupos civiles, específicamente en el tema de guarderías, y a ser más transparente en la asignación de certificaciones y subsidios, además de sancionar a las empresas que incurran en abusos. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, las mujeres jornaleras de Guerrero son principalmente indígenas monolingües, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad, con desnutrición y bajos índices de desarrollo humano, y también afrontan distintas formas de explotación, discriminación y violencia.