MONTERREY, N.L., (apro).- El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, reveló hoy que el desastre ecológico en el río San Juan le ha costado a Pemex aproximadamente 150 millones de pesos. Luego de recorrer la zona siniestrada por la fuga de combustible en el oleoducto Madero-Cadereyta, propiciada por una toma clandestina, el funcionario confirmó que en el afluente se derramaron de 3 a 4 mil barriles de hidrocarburo. El volumen es equivalente a unos 636 mil litros de carburante, que escurrieron por 11.5 kilómetros de acequia y 6.5 del río San Juan, que conecta con la Presa El Cuchillo, en China. Lozoya informó que el próximo domingo quedará limpia el área contaminada, aunque Pemex y la empresa Basa, con unos 500 empleados en total, demorarán otras ocho semanas para limpiar manualmente la maleza impregnada por el petróleo en las márgenes del río. Asimismo, dijo que las autoridades estatales, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), buscarán a los presuntos delincuentes que generaron la problemática. “Las imágenes que pueden ver aquí nos consternan a todos, no las queremos ver, por ser un daño al medio ambiente generado por actos vandálicos, delincuenciales. Pero no representan riesgo alguno, de que el hidrocarburo pudiera llegar hasta la presa El Cuchillo, estamos a más de 70 kilómetros y el crudo está perfectamente contenido”, aseguró en su primera visita a la zona del ecocidio, dos semanas después de ocurrido. Afirmó que a partir del lunes, los vecinos podrían utilizar para su consumo el agua que fluye por el San Juan, aunque por motivos de seguridad las autoridades liberarán hasta mediados de la semana siguiente dos de las tres tomas de agua que hay en la zona, para verificar completamente que el líquido no es tóxico. “A partir de análisis independientes, no los realizados por Pemex, los posibles daños al medio ambiente, a la agricultura, a la salud de la población en esta región de Nuevo León, están excluidos. Al día de hoy, la calidad del agua, que ha sido evaluada por distintos institutos, Agua (y Drenaje) de Monterrey y Conagua, no presenta contaminación tal, que pudiera ser un riesgo para la salud o la agricultura en la zona”, dijo. Lozoya Austin fue evasivo cuando se le preguntó si Petróleos Mexicanos indemnizaría a los afectados en el municipio de Cadereyta, por el derrame de crudo, al señalar que la empresa es víctima de la actividad criminal. “Petróleos Mexicanos en este caso, como en muchas de las otras tomas clandestinas, es el agraviado. Nosotros tenemos la responsabilidad de atender esta contingencia ambiental. Aquí estamos, y no nos iremos hasta que esto quede solucionado”. “En cuanto a cualquier consecuencia derivada del derrame, que no fue causa de Petróleos Mexicanos, estaremos coadyuvando, para dar con los responsables, y se pueda compensar a cualquier persona que haya sido afectada”, dijo, sin comprometerse. El pasado lunes, en conferencia de prensa, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmó que Pemex indemnizará a los afectados del desastre, a través de un fondo federal, aunque no preció a cuánto asciende la cantidad que puede ser repartida, ni desde cuándo se podrá acceder a ella. Por su parte, el padre José Manuel Guerrero, conocido en Cadereyta como el Padre Chemita, presente en el recorrido, lamentó que los funcionarios de Pemex se retiraran sin comprometerse, con los residentes de este municipio localizado a 30 kilómetros al oriente de la zona metropolitana de Nuevo León. “Los señalamientos fueron breves y sin compromiso real. Nos quedamos igual. Que digan los campesinos, si hubo claridad en lo que acaba de decir el titular de Pemex, y la verdad es que todo queda en el aire. El daño está presente, pregúntenle a la gente afectada. Mi recomendación a ustedes es que no se queden con la versión oficial, busquen la de las familias que ahorita no tienen agua”, dijo. Afirmó que a los directivos de Pemex les falta voluntad para remediar de fondo los problemas de contaminación que en esta región han afectado a la población, que no ha podido usar el agua para beber, ni para regar, tras el derrame en el San Juan. Y recordó el pronunciamiento del Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, quien, al visitar a las familias dañadas, pidió públicamente que fuera emprendido un peritaje independiente para determinar si el agua es utilizable.