TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) condenó la aprobación de las leyes que criminalizan el derecho a la protesta social en Chiapas y Puebla. En un pronunciamiento firmado por unas 74 de organizaciones civiles de 20 estados del país, la Red TDT refirió que el jueves 15 el Congreso local aprobó el “Código de uso legítimo de la fuerza pública”, por el que regula el uso de la fuerza pública ante disturbios y protestas sociales y se avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas. También alertó que este lunes 19 el Congreso de Puebla aprobó una ley similar, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal” cuando consideren que su vida está en peligro durante manifestaciones públicas, aparte de que abre la puerta a detenciones arbitrarias. El organismo nacional dio a conocer que “el derecho a la protesta es un derecho plenamente desarrollado que comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente y reiterados en la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos”. Y esos derechos, abundó, incluyen la libertad de expresión y opinión, libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y derechos sindicales, en particular el derecho de huelga. Las organizaciones que forman parte de la Red TDT expresaron que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas. En meses recientes, alertaron, han venido documentando y denunciado la tendencia que existe tanto a nivel federal como en los estados de aprobar leyes que buscan restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social. Asimismo, que los procesos legislativos para la aprobación de estas leyes han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto de la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública. “Hemos señalado la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades”, se resalta en el pronunciamiento conjunto. Es por eso que se sumaron hoy a la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, quienes “han señalado que con estas nuevas leyes se pretende legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas”.