PACHUCA, Hgo. (apro).– El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, denunció el robo por parte de un grupo armado de equipos de cómputo que contenían información sensible y se encontraban en la oficina privada de Óscar Damián Sosa Castelán, su candidato al Senado.

Los datos guardados en las cinco Unidades Centrales de Procesamiento (CPU) que, afirmó, fueron extraídas, corresponden a movimientos de “la empresa familiar” de su aspirante.

El dirigente dijo no conocer si la firma familiar implicada es Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, referida en el caso que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos (mdp) contra Gerardo Sosa Castelán (causa penal 263/2020), de la que Óscar Damián es el principal accionista, u otra de las posiblemente implicadas en los dos procesos locales por peculado de 132 mdp que sigue la procuraduría local contra los hermanos; en ambos casos, por supuesta sustracción de recursos a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), según las instituciones a cargo.

“Es información de sus movimientos, de la vida orgánica de toda su empresa familiar, pero también, por su puesto, teníamos un respaldo de la base de datos de todos nuestros promovidos a nivel estado, lo cual nos preocupa”, añadió.

Vázquez Calixto afirmó que los sujetos que ingresaron, “encapuchados”, “fuertemente armados”, fueron captados por cámaras de seguridad. Con base en estas grabaciones que, añadió, no podía exhibir porque hay una denuncia ante la instancia legal correspondiente (más adelante mencionó que no contaba con el número de carpeta de investigación), irrumpieron a las 4 de la mañana del viernes en el complejo Plaza Diamante, ubicado en avenida Juárez, donde se ubica la oficina. 

“Al parecer estas personas iban exclusivamente a robar información de las bases de datos (…). Lo que nos tiene muy preocupados es que estas personas, fue un comando altamente armado (…). Eran cinco personas, maniataron al guardia de seguridad, lo encañonaron y lo amarraron”, continuó.

“Iban exclusivamente por los CPU, porque dejaron los monitores, dejaron otras cosas de valor, lo cual no se puede considerar como robo”, sumó, al tiempo de considerar: “Quien haya pagado, definitivamente es alguien que tiene mucho poder o mucho dinero; eso es lo que nos preocupa”.

Posteriormente, sostuvo que sus “adversarios” –en una contienda en la que han acusado al gobierno del morenista Julio Menchaca Salazar de presunta intromisión y de hostigamiento a través de procesos penales–, están “preocupados”, que “no hubo puso parejo, en toda la campaña hubo” y que aquellos, aludiendo a los postulados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tienen “candidatos perdidos y quieren llegar a los extremos”.

Cuestionado si señalaba directamente al gobernador de ser responsable de la sustracción del equipo de cómputo mediante el grupo armado que, insistió, fue captado por el circuito de videovigilancia, respondió:

“Por supuesto que señalo al gobierno del estado, siempre lo he señalado durante toda la campaña y le pido nuevamente que saque las manos del proceso electoral el gobernador Julio Menchaca Salazar y que deje que los ciudadanos decidan libremente la voluntad del pueblo”.

Aunque la convocatoria a medios era para presentar una denuncia pública de un presunto hecho delictivo, sin considerarlo acto proselitismo, el coordinador afirmó que su candidato no se presentó para no exponerlo, por si sus "adversarios" tenían la presunción de que el fin de este acto era político.

Al cierre de la conferencia, en la que estuvo acompañado del coordinador general de campaña, Nicolás Ramírez, expuso que esperan una participación electoral alta y que la disputa por los ayuntamientos es la más importante y en la que tienen mayor expectativa en cuanto a los resultados.

Hay pruebas; pero no se denuncia “por miedo”

El líder petista aseveró que tienen audios, videos y material que podría ser presentado ante instancias legales como posibles pruebas de delitos electorales, pero que no lo harán en todos los casos –ellos han presentado seis denuncias como partido– por miedo.

“No caigamos en los viejos vicios. Funcionarios reparten dádivas, reparten frijol con gorgojo”, expuso, para después sostener que ha habido hechos violentos. “Hubo un intento de secuestro” a su candidato en Mixquiahuala, Miguel Ángel Peña, un acto que había sido reportado como riña entre militantes, pero sostiene que intentaron plagiarlo.

“Son hechos violentos que están ocurriendo. Ayer, antier hubo una balacera” contra el auto de la esposa de César Escamilla, su candidato en San Felipe Orizatlán, municipio de la sierra hidalguense, aseguró, “y también en Tianguistengo”.

Hay uno en la Huasteca al que, relató, el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, le ofreció dos millones de pesos por declinar, pero él “lo mandó a la fregada”.

Ante la insistencia de precisiones respecto a las circunstancias en las que supuestamente esto ocurrió, si contaban con evidencia y el porqué de no llevar a instancias electorales y judiciales estas denuncias públicas, contestó:

“Definitivamente los compañeros tienen miedo de denunciar. Como el que decía que le ofrecieron dos millones de pesos; él tiene audios, pero no quiere denunciar. Lo entendemos, él tiene miedo. No se vale que los ciudadanos teman a la seguridad pública, cuando su obligación es cuidarlos”, repitió.

Contrario a ello, insistió en que a los cuadros del morenismo “no los tocan ni con el pétalo de la rosa”, aunque afirmó que tienen responsabilidad en diferentes ilícitos, no sólo electoral, sino acusaciones de posible abuso sexual, como Daniel Andrade Zurutuza, alcalde de Huejutla y candidato a diputado federal por el distrito 01, con cabecera en ese mismo municipio.

A ellos, acusó, les detuvieron a Armando Mera Olguín, alcalde con licencia de Progreso de Obregón –llegó por Morena–, el 23 de abril, en lo que reitera que fue un movimiento político y que, en contraparte, la procuraduría aduce a posible uso ilícito de atribuciones por cinco millones de pesos, observados por la Auditoría Superior del Estado (ASEH).    

A la pregunta sobre si prevén alguna intromisión a los sitios en los que monitorearán la jornada de votación, de la que auguró triunfos, dijo: “Nos pueden salir con la jalada de una denuncia anónima y catear la oficina del PT. No nos preocupa”, de nuevo, en alusión al gobierno estatal.

Aunque a nivel federal Morena y el partido que representa Vázquez Calixto van coaligados, en Hidalgo ambos viven una confrontación por las posiciones. Las candidaturas del PT las concentra el denominado Grupo Universidad o La Sosa Nostra –llamado así por su control de 42 años sobre la UAEH–, que está a cargo de los hermanos Sosa Castelán, antes aliados del morenismo, del que se apartaron tras la definición de candidaturas para el proceso en curso, en el que no fueron considerados.