PLAYA DEL CARMEN, Qroo. (apro).– A horas de la jornada electoral, cuatro reporteros de Playa del Carmen obtuvieron suspensiones provisionales de juicios de amparo contra probables órdenes de aprehensión venidas de la Fiscalía de Quintana Roo y la Fiscalía General de la República (FGR).

Temen que se integren carpetas de investigación en su contra para frenar la cobertura de la jornada electoral del domingo, cuando se renovarán los miembros del ayuntamiento del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Los juicios de garantías fueron iniciados hace algunos días en diversos juzgados federales de Cancún, según los expedientes consultados. Denuncian que la Fiscalía local está siendo utilizada por Morena, que gobierna Quintana Roo con Mara Lezama Espinosa, para no permitir que se documenten actos ilegales durante los comicios. 

Omar Tornel, fundador del proyecto periodístico Playaaldía, relató que durante la cobertura de la campaña electoral recibió mensajes de números telefónicos desconocidos, advirtiéndole que le fincarían responsabilidades penales en caso de seguir publicando notas informativas contra cierta candidata. 

“Me han llegado amenazas a través de números telefónicos debido a que he exhibido lo que ha hecho la candidata de Morena, Estefanía Mercado. Hace dos años me demandó por violencia política de género luego de que publiqué el tema del antro conocido como Chilly Willys, donde se hicieron actos de trata (…) de nuevo me amenazaron de que estaba publicando cosas que afectan a la candidata y que no tenía pruebas, pero ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme”, explicó Tornel.

Su caso es similar al de Carlos Alejandro Alberto, fundador de Noticias Rumbo del Caribe, quien también tramitó el medio de control constitucional para su protección jurídica.

Sobresalen también los temas de Alejandra Escobar, del medio de comunicación Voz de Mujer Peninsular, y de Víctor Hugo Vargas, de la Pancarta Quintana Roo, quienes están relacionados con una denuncia penal que interpuso el activista Antonio Ramos, por delitos contra la libertad de expresión.

No obstante, Alejandra Escobar señaló a la FGR de dar celeridad a la etapa de investigación en su contra con el fin de obstruir su labor periodística.

En un comunicado que difundió, también acusó al gobierno de Quintana Roo de estar detrás de estos actos para callar su ejercicio reporteril durante la jornada del 2 de junio.

Caso Antonio Ramos

Antonio Ramos, activista playense que ha señalado desfalcos contra los últimos gobiernos en Playa del Carmen, recientemente inició la labor periodística.

En agosto de 2023 fue sacado a la fuerza de una conferencia de prensa de la presidenta municipal Lili Campos. Durante el acto, tuvo una confrontación con reporteros locales y personal de comunicación social.

Por este hecho inició acciones legales contra la autoridad y algunos comunicadores, a quienes ha señalado que mantienen vínculos contractuales onerosos con el gobierno de Playa del Carmen.

Por ello, presentó una denuncia por un delito contra la libertad de expresión ante la FGR.

En las últimas horas y tras salir a la luz pública las suspensiones de amparo que benefician a los cuatro reporteros mencionados, dio a conocer que ha recibido supuestas amenazas de otros representantes de medios de comunicación.

“La denuncia que interpuse en la Fiscalía General de la República afecta oscuros intereses de un puñado de ‘periodistas’; y aclaro, detrás de mi denuncia no está la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, ni algún otro político; a quienes pretenden echarles la culpa por las posibles órdenes de aprehensión generadas por mi denuncia. Si la gobernadora está detrás de cualquier fraude electoral, pues denúncienla, y no anden repartiendo culpas”, expuso en un texto que difundió en sus redes sociales.

Hasta la redacción de esta nota, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estos hechos.