CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una larga discusión en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió en un intercambio de acusaciones entre los dos principales bloques electorales sobre la colusión del bando contrario con grupos criminales, y terminó ofreciendo un retrato desolador sobre la penetración de los partidos políticos por la delincuencia organizada.

Durante el debate sobre la adopción de un “mapa de riesgo electoral” elaborado por la oposición –que fue descartada por los consejeros del INE–, la mayor parte de los representantes de los partidos se refirieron en términos genéricos a la violencia en varias zonas del país, pero otros se arrojaron los nombres de personas vinculadas con el crimen organizado.

Ángel Clemente Ávila Romero, presentante del PRD, denunció por ejemplo la intromisión de grupos armados en las elecciones de 2021 en Michoacán y Sinaloa para beneficiar a Morena, insistió en el presunto vínculo de Mario Delgado Carrillo, líder nacional del partido, con el “rey del huachicol” Sergio Carmona, y recordó el video de una reunión entre Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo por Morena, con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo armado Los Ardillos.

Momentos más tarde, Gerardo Fernández Noroña, el representante del PT ante el INE, tomó la palabra, y enumeró casos que vinculan partidos de la oposición con la delincuencia organizada.

“Pero miren, nada más a manera de muestra: Saúl Rubio Ayala, diputado del PAN, preso en diciembre de 2023 por narco; Lucero Sánchez en Sinaloa, diputada local de Acción Nacional, por vínculos con el Chapo Guzmán; Denisse Ahumada, regidora de Reynosa, por los paniaguados con 42 kilos de cocaína: Tania González, candidata a diputada local, PRI-PAN-PRD para este proceso, pareja del líder operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenida”, dijo.

Y agregó: “Roberto Sandoval de Nayarit, por lavado de dinero; Javier Duarte, asociación delictiva; Mario Villanueva, cártel de narco; Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, como ha insistido reiteradamente Sergio Gutiérrez Luna, iba a ser el responsable de Seguridad de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; Roberto Borge, Eugenio Hernández, Mario Marín, Silvano Aureoles es candidato a Diputado por el PRD, para vean que también los menciono; Jorge Torres de Coahuila. Es un escándalo”.

Pasaron los turnos de palabra, y Ávila volvió a la carga. “Que le guste o no al señor Noroña, son los beneficiados de esas acciones del crimen organizado, ellos son los beneficiarios del financiamiento ilícito del crimen organizado, ellos fueron los beneficiarios de que se metiera el crimen organizado en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero”, soltó.

Agregó: “si alguien lleva de candidatos con vínculos del crimen organizado, pues nada más asómense al candidato a senador en Tamaulipas, Eugenio Hernández. Ése sí fue… ése sí estuvo en la cárcel, señor Noroña, no como Cabeza de Vaca que ni siquiera ha sido juzgado por un juez. El señor Eugenio Hernández estuvo en la cárcel seis años, por vínculos con el crimen organizado y hoy lo llevan de candidato. Debiera de darles vergüenza”.

El perredista continuó su lista con Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos al que acusó por tener “vinculación del crimen organizado”, o Gastón Arriaga Lacorte, el líder de Morena en Tamaulipas, “cuando en una de esas borracheras dijo: ‘Arriba el Cártel del Golfo’”.

 Arturo Escobar y Vega, representante del PVEM ante el INE, salió entonces en defensa de Eugenio Hernández Flores, candidato a Senador por el PVEM, y sujeto a una orden de extradición de Estados Unidos, cuyas autoridades le imputan delitos por lavado de dinero y colusión con grupos del crimen organizado. Escobar y Vega aseveró que la detención del expriista fue producto de una “maniobra brutal” por parte del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que el político fue absuelto de todos sus cargos.

Mapa de riesgos

Además de acusarse de colusión con grupos criminales, los representantes de los partidos se echaron la responsabilidad de la inseguridad que impera en el país: el bloque opositor atribuyó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el sexenio más violento de la historia reciente, y lo responsabilizó por las agresiones y asesinatos que han manchado el proceso electoral.

El bloque oficialista reviró a sus rivales que los peores niveles de inseguridad se registran en Guanajuato, entidad gobernada por el PAN, y que la violencia deriva de la “guerra contra el narcotráfico” lanzada por Felipe Calderón Hinojosa en 2006.

Pasadas las acusaciones, el INE descartó hacer suyo el “mapa de riesgo” elaborado por el bloque de partidos de oposición, en el que PAN, PRI y PRD identificaron zonas del país donde grupos criminales amenazan el desarrollo de la jornada electoral del próximo 2 de junio, como regiones de Chiapas, Morelos, el Estado de México, Zacatecas o Guerrero.

Con este documento, el bloque opositor buscaba que el INE ejerciera su “facultad de atracción” en las secciones donde exista un “indicio medio de violencia, o mayor”, y “se garantice la seguridad, a través de la presencia de la fuerza pública para lograr una jornada electoral en paz”.

En su resolución, el Consejo General desechó la petición de la oposición, presentada formalmente por Marko Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, respectivos líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, y por Santiago Creel Miranda, el jefe de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz.

El cuerpo colegiado consideró que la tarea de identificar los riesgos derivados de la violencia –por inseguridad, conflictos sociales o presencia del crimen organizado– y de garantizar el desarrollo pacífico de las elecciones corresponde a las autoridades de seguridad.

Aparte, señaló que no era viable tomar el mapa de riesgo elaborado por la oposición “dado que no fue elaborada por una autoridad competente, bajo los parámetros que el Protocolo marca y que han sido detallados en este acuerdo”, y recalcó que la información contenida en el documento no proviene de fuentes válidas de acuerdo con el protocolo.

Inmediatamente después de desechar la petición del bloque opositor, los integrantes del Consejo General del INE se levantaron de sus asientos y guardaron un minuto de silencio por las y los candidatos que han sido asesinados a lo largo del proceso electoral.