CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Jesuita con Migrantes denunció el despliegue “profundamente militarizado” de operativos de detención migratoria en la Ciudad de México, en los que participa personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como parte de una política de “control social” con miras al Mundial de Futbol 2026.  

Dirigidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), los operativos se han reportado en las colonias Guerrero, Doctores, Polanco, Patriotismo y en Ciudad Netzahualcóyotl, indicó la Red Jesuita con Migrantes.  

En un pronunciamiento alertó que las detenciones de personas migrantes que “bajo el discurso de ‘orden y limpieza’ del espacio público en preparación para el próximo mundial de futbol, el Gobierno de la Ciudad de México impulsa una política de control social que contraviene la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad”. 

Apuntó: “No se puede utilizar un evento internacional como pretexto para legitimar prácticas de hostigamiento, criminalización y expulsión de personas migrantes y con necesidades de protección internacional”.  

La organización acusó “un esquema de control migratorio profundamente militarizado”, por la participación de miembros de Fuerzas Armadas, lo que representa una actuación “no sólo desproporcionada, sino incompatible con el carácter civil que deben regir las tareas de control migratorio y constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos”.  

A partir del monitoreo de estaciones migratorias, la Red documentó “detenciones arbitrarias en la vía pública y en domicilios privados; traslados forzados a estaciones migratorias del sur del país sin notificación ni información sobre cuál será su destino; e incomunicación de las personas detenidas”.  

En el comunicado, la Red Jesuita describió dos operativos en los que se registraron allanamientos de domicilios en las colonias Doctores y Guerrero.  

En el primero, la Guardia Nacional, la Marina y el INM irrumpieron en un domicilio en el que habitaban jóvenes venezolanos, a quienes detuvieron, “los trasladaron a la estación migratoria Las Agujas y posteriormente enviados a Tapachula a la estación migratoria Siglo XXI”. 

El segundo allanamiento fue documentado por el medio Conexión Migrante, que, a través de un video posteado en sus redes sociales, documentó el ingreso de al menos 15 agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones “sin una orden judicial”. 

#ÚLTIMAHORA | ?? Se reportaron múltiples redadas contra migrantes en la Ciudad de México.

Toda la información aquí: https://t.co/y5letPxNou#migrantes #cdmx #redadas pic.twitter.com/TaFEQBWtbf — Conexión Migrante (@conectmigrante) May 6, 2026

Ambos hechos “constituyen allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, lo cual vulnera derechos fundamentales, invalida procedimientos y conlleva responsabilidades para las autoridades involucradas”.  

La Red Jesuita apuntó que los hechos “no son aislados, sino parte de un despliegue sistemático que comenzó hace una semana y que en los últimos días se ha intensificado y visibilizado”.  

Tras alertar que la situación migratoria irregular de las personas detenidas, “es consecuencia directa del colapso” de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del mismo INM, considerando que en los primeros nueve meses de 2025 se registraron 80 mil solicitudes de asilo.  

Apuntó que luego de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se vio imposibilitada de apoyar a la Comar, esta institución perdió “más de 60% de su presupuesto”, lo que dejó a “decenas de miles de personas atrapadas en una etapa de pre registro que puede extenderse hasta 10 meses sin que puedan siquiera presentar formalmente su solicitud de refugio”.  

Además, el INM “ha dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática”, violentando los plazos legales para el otorgamiento de permisos de trabajo. 

“Detener a quienes esperan meses en una cola institucional para ejercer un derecho reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por México no es control migratorio: es la criminalización de quienes el propio Estado mantiene en un limbo jurídico que él mismo ha construido”.  

Aunado a ello, el gobierno de la Ciudad de México viola la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, que ordena a las autoridades locales “garantizar la hospitalidad, la inclusión y el acceso efectivo a derechos para las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria”. 

Tras señalar que han detectado casos en que personas migrantes con calidad de refugiados también han sido detenidas con fines de deportación, la Red Jesuita con Migrantes exigió “el cese inmediato y definitivo de los operativos de detención migratoria en la Ciudad de México y su zona metropolitana; el retiro de las fuerzas armadas de cualquier acción de control migratorio”, así como la liberación de las personas detenidas “y la revisión inmediata de sus casos con apego al debido proceso”.  

La organización exigió el “respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional, incluyendo su derecho a solicitar asilo”; el cumplimiento de la Ley de Interculturalidad, de las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano, así como poner fin a “cualquier política de ‘orden y limpieza’ que implique la criminalización, desplazamiento o expulsión de poblaciones vulnerables”.