CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La familia de Jesús Enrique Corrales Velázquez, el menor de 13 años desaparecido en diciembre de 2025 en la alcaldía Tlalpan y localizado con vida tres meses después en Querétaro, acusó a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de intervenir para impedir que el menor regresara con su familia, pese a que, sostienen, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) aprobó en dos ocasiones su reincorporación. 

Durante una rueda de prensa realizada el pasado 7 de mayo en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), y en declaraciones posteriores hechas a Proceso, Rodrigo Corrales Martínez, tío paterno del adolescente y denunciante del caso, señaló directamente a funcionarios de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), entre ellos su titular, Luis Eduardo Poletti Vega, así como Mariana Alonso Astudillo, titular de Supervisión de la Agencia “A” del Ministerio Público; y Luis Ángel Cruz Cruz, agente del Ministerio Público de la unidad 4-A. 

El tío del menor sostuvo que la FIPEDE “no ha respetado las determinaciones del DIF”, y afirmó que dicha institución aprobó “en dos ocasiones la reintegración” de Jesús Enrique con su familia. También acusó a los funcionarios mencionados de haberse “extralimitado de sus funciones” dentro del proceso relacionado con la localización y resguardo del adolescente. 

La desaparición de Jesús Enrique y las primeras irregularidades 

La desaparición del menor ocurrió el 16 de diciembre de 2025 en la colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, y el adolescente fue localizado con vida hasta el 20 de marzo de 2026 en Querétaro, después de 94 días desaparecido. Durante ese periodo, la familia denunció irregularidades desde el inicio de la investigación, entre ellas retrasos en diligencias, ausencia de acciones inmediatas de búsqueda, omisiones de la Policía de Investigación (PDI) y fallas en cámaras de videovigilancia del C5. 

Dentro de las líneas de búsqueda desarrolladas por la propia familia apareció Querétaro. Según Corrales Martínez, existían indicios de que la madre del adolescente había estado en un establecimiento identificado como Hostal del Pozo, por lo que agentes de la PDI realizaron diligencias entre el 26 y el 28 de febrero. 

De acuerdo con la versión presentada por la familia, los agentes concluyeron que las cámaras del establecimiento únicamente servían para monitoreo y que no almacenaban videograbaciones. Sin embargo, Corrales Martínez afirmó que el 16 de marzo se trasladó personalmente a Querétaro:  

“Como yo ya tenía muchos antecedentes de los cuales la Policía de Investigación había negado la existencia de grabaciones, yo no me creí ese cuento”.  

Al llegar, la encargada le confirmó que las grabaciones existían y que incluso las habían ofrecido previamente a los agentes. En los videos, aparecía la madre del menor entrando y saliendo del hostal.  

El denunciante afirmó que, durante una mesa de trabajo realizada el 18 de marzo, Iván González Rosendo, identificado por él como responsable operativo de la PDI dentro de la FIPEDE, reconoció que las videograbaciones sí existían y que habían sido obtenidas ese mismo día. 

“Si ustedes se las enviaron hoy, ya no tiene ninguna validez su argumento porque yo las conseguí dos días antes, cuando ustedes habían mentido flagrantemente que esas grabaciones no existían”, declaró el denunciante.

Agregó que, durante las primeras diligencias realizadas en Querétaro, entre el 26 y el 28 de febrero, un agente de la PDI, identificado como Mauricio Germán Esparza García, alertó a la madre del adolescente sobre las acciones ministeriales en curso. 

La localización de Jesús Enrique 

Finalmente, el adolescente fue ubicado el 20 de marzo en las instalaciones del DIF de Querétaro. Sin embargo, la familia sostiene que nuevamente la información oficial llegó tarde y de manera incompleta. 

“Yo me entero por mis propios medios. Nosotros localizamos a Jesús”, afirmó el tío del menor. 

Según explicó, alrededor de las 14:30 se comunicó con Luis Eduardo Poletti Vega para pedir confirmación de la localización y minutos después el funcionario confirmó que el adolescente ya era trasladado a la Ciudad de México. 

Ese mismo día, alrededor de las 18:00 horas, se realizó una mesa de trabajo en el CAIBP con presencia del padre del menor, representantes legales y Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino. 

Corrales Martínez dijo que durante esa reunión Poletti Vega informó que Jesús Enrique sería entrevistado oficialmente el lunes 23 de marzo. Sin embargo, posteriormente, la familia revisó la carpeta virtual y encontró que la entrevista ministerial comenzó a las 17:55 horas del mismo 20 de marzo:

“Entonces el fiscal Poletti nos mintió a la cara”.  

La familia también acusó que nunca recibió prueba de vida, grabaciones, audios ni información completa sobre las condiciones físicas y psicológicas del adolescente después de la localización. 

Posteriormente, según el relato de la familia, la carpeta fue colocada bajo secrecía, pese a que, de acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda citado por el denunciante, las víctimas indirectas y familiares deben recibir información relacionada con la localización y el estado físico y psicológico de la persona encontrada. 

El menor sigue sin regresar con su familia 

La confrontación entre la familia y la Fiscalía se profundizó posteriormente con el proceso para reincorporar al adolescente al núcleo familiar. 

Según explicó Corrales Martínez, se inició un procedimiento ante el DIF para solicitar que el adolescente quedara bajo su cuidado debido a que no aparecía señalado dentro de la carpeta de investigación. 

El familiar presentó documentación, fotografías del domicilio, comprobantes de ingresos y fue sometido a entrevistas y evaluaciones psicológicas dentro de las instalaciones del DIF ubicadas en el llamado “búnker” de la Fiscalía capitalina. 

De acuerdo con el denunciante, en un primer intento, el DIF informó que Jesús Enrique aceptaba regresar con su tío y que incluso ya se preparaba la entrega del adolescente. Sin embargo, cuando el personal institucional estaba por trasladarse al área donde se encontraba el menor, la decisión cambió. 

“Regresan a la oficina y en la oficina le dicen que la autoridad, o sea, Luis Ángel Cruz Cruz, está diciendo que no se puede quedar con su sobrino porque tiene que estar a 30 minutos de distancia”, relató. 

Corrales Martínez relató que consiguieron otro departamento y repitieron el procedimiento completo, incluidas nuevas entrevistas, evaluaciones psicológicas y la validación del propio adolescente para regresar con su tío. De nueva cuenta, el adolescente aceptó la reincorporación y otra vez, la decisión fue revertida. 

“Le vuelven a tomar la foto, van con Jesús Enrique, le vuelven a decir que sí acepta y vuelven a consultar con la autoridad y la autoridad dice que no, porque es hermano directo, porque es familiar directo”, declaró. 

Una semana después de la rueda de prensa, el pasado 14 de mayo, la FGJCDMX difundió un comunicado donde aseguró que Jesús Enrique permanece “bajo resguardo institucional, con medidas de protección y atención integral”, y explicó que el adolescente manifestó temor de regresar a su entorno paterno tras denunciar presuntos actos de violencia familiar. 

Rodrigo Corrales Martínez rechazó públicamente varios puntos contenidos en el comunicado oficial. Una de las principales discrepancias se relaciona con la fecha de localización del adolescente, mientras la FGJCDMX sostuvo que Jesús Enrique fue localizado el 19 de marzo, su familia afirmó que todos los documentos relacionados con el caso señalan el 20 de marzo. 

La familia también rechazó que la localización haya derivado de trabajos de búsqueda institucionales. 

Otra de las diferencias entre ambas versiones se relaciona con las valoraciones especializadas mencionadas por la Fiscalía. Mientras la dependencia refirió que el adolescente fue sometido a entrevistas y valoraciones realizadas por personal especializado, Corrales Martínez compartió que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes (FIDCANNA) no ha recibido formalmente la carpeta relacionada con el caso. 

“No hay pruebas periciales. Y si no hay pruebas periciales, ¿cómo determinan la violencia de Jesús?”, cuestionó.