CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó que hubo omisiones y dilaciones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, pues desde la madrugada del 16 de abril las autoridades contaban con la ubicación precisa del inmueble donde la joven fue encontrada sin vida, pero la intervención ministerial no ocurrió de inmediato, lo que derivó en una demora de aproximadamente 15 horas.

El reconocimiento oficial de retrasos y fallas en la intervención inicial validó, desde la propia autoridad, los señalamientos realizados por la familia desde los primeros días del caso y enfatizó la actuación ministerial en las primeras horas de la desaparición.

Durante una conferencia sobre avances del caso, Alcalde Luján, detalló que la madre de la víctima proporcionó el domicilio de avenida Revolución 829 como último punto al que acudiría su hija desde las primeras horas posteriores a la denuncia; no obstante, esa información “no se incorporó correctamente en las primeras instrucciones giradas a la Policía de Investigación”.

La funcionaria precisó que la denuncia por desaparición se presentó a la 1:10 de la madrugada del 16 de abril, y que la madre fue entrevistada hasta las 4:25, momento en el que reiteró la ubicación del inmueble.

El primer intento de presencia policial en el inmueble ocurrió hasta las 20:30 horas de ese mismo día, cuando los agentes acudieron únicamente a solicitar acceso y revisión de cámaras, sin lograrlo en ese momento al quedar supeditados a la autorización de la administración del edificio.

“Esto implica una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico y se acudió al domicilio. Lo cual no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, afirmó Alcalde.

Así, la titular de la Fiscalía capitalina reconoció que hubo casi un día completo en el que los oficiales no atendieron la desaparición de la joven; sin embargo, esta intervención tampoco resultó en la localización, porque el 17 de abril fue la familia de la víctima la que forzó, con un bloqueo y atención mediática, la intervención oficial en el edificio donde finalmente encontraron el cuerpo.

En ese contexto, la fiscal recordó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa y que tres servidores públicos fueron suspendidos mientras se determina su responsabilidad por las fallas detectadas en la actuación inicial.

Sobre los señalamientos de corrupción, confirmó que existió contacto entre un agente de la Policía de Investigación y la familia, tanto de manera presencial como telefónica, aunque hasta el momento “no tienen evidencia contundente de la solicitud de dinero”, por lo que la indagatoria continúa.

La reconstrucción oficial del caso

En paralelo al reconocimiento de estas omisiones, Alcalde insistió en que cuenta con una línea de investigación “sólida” contra el vigilante del inmueble como probable responsable del feminicidio, con base en elementos periciales, testimoniales y materiales.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Edith salió de su domicilio el 15 de abril a las 16:16 horas y entró al edificio a las 16:45. Las cámaras de videovigilancia fueron desconectadas deliberadamente entre las 16:23 y las 17:44 horas, intervalo que coincide con el momento en que, según los dictámenes periciales, fue privada de la vida.

El presunto feminicida tenía control total del acceso al inmueble, incluyendo el sistema de cámaras, y en la caseta de vigilancia —donde contaba con un área de descanso— se localizaron indicios de sangre en un tapanco, escaleras y zonas inferiores, con evidencia de intentos de limpieza, lo que apunta a que la agresión ocurrió en ese espacio.

La causa de muerte fue por heridas punzocortantes en el tórax, compatibles con un objeto tipo desarmador. El detenido presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen consistentes con la dinámica de la agresión, según el certificado médico.

La investigación también documentó que el vigilante negó a la familia que Edith hubiera ingresado al inmueble y fue observado por el guardia del siguiente turno realizando labores de limpieza “inusuales” en la caseta, con cubetas y trapeadores, de acuerdo con su testimonio. Aun más, la empleada de limpieza localizó la cartera de la víctima en un bote de basura antes de la intervención ministerial.

En inspecciones posteriores, la Fiscalía localizó prendas y objetos personales de la joven en distintos puntos del edificio, incluidos su bolso, sus teléfonos celulares —hallados en medidores de electricidad— y un desarmador oculto en un registro de drenaje, además de una camiseta con manchas de sangre en un área de almacenamiento.

También identificaron nuevos cortes en el sistema de videovigilancia durante la madrugada del 16 de abril, en tres intervalos distintos, que la Fiscalía considera consistentes con una manipulación deliberada para ocultar el traslado del cuerpo y evidencias.

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