CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ocho meses después de ser atropellado por un motociclista mientras cruzaba una cebra peatonal sobre avenida Paseo de la Reforma, a la altura del Metro Hidalgo, Hernaldo Ramos continúa en proceso de recuperación por múltiples fracturas y enfrenta un proceso legal con la aseguradora del conductor, que ha ofrecido una indemnización máxima de 90 mil pesos pese a que los gastos derivados del accidente superan los 200 mil pesos. 

En la Ciudad de México, los hechos de tránsito continúan dejando a peatones y motociclistas entre las principales víctimas. Datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) señalan que 4 mil 624 peatones resultaron lesionados en 2024, mientras que entre enero y marzo de 2025 se registraron mil 61 peatones lesionados, lo que equivale a un promedio cercano a 353 casos al mes.  

El reporte trimestral de la dependencia indica que 326 personas murieron en hechos de tránsito entre enero y septiembre de 2025, de las cuales 155 eran motociclistas, casi la mitad de los fallecidos en ese periodo.  

En ese universo de accidentes viales se inscribe el caso de Ramos, cuya disputa legal no gira en torno a la responsabilidad del conductor, sino al monto de la reparación del daño que la aseguradora está dispuesta a reconocer. 

Motociclista se pasó el alto, acusa víctima 

En entrevista con Proceso, el afectado recordó el 19 de junio de 2025, cuando ocurrió el accidente. Ese día cruzaba la cebra peatonal sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas de la capital mexicana, cuando un motociclista se saltó un semáforo en alto y lo impactó, lo que lo dejó tendido sobre el asfalto con una pérdida momentánea del conocimiento.  

El golpe le provocó varias fracturas, entre ellas una en la clavícula izquierda y en la pierna derecha, específicamente en tibia y peroné, con fracturas múltiples y pérdida de hueso en la tibia.  

La intervención de policías que se encontraban en la zona permitió detener al motociclista en el lugar. Mientras tanto, Ramos fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia.  

El motociclista contaba con un seguro vigente que incluía cobertura por daños a terceros, contratado con la empresa Quálitas, que debería asumir la compensación correspondiente dentro de los montos contemplados por la póliza, y hasta el momento solo ofreció una indemnización de 90 mil pesos a la víctima.  

De acuerdo con Ramos, en febrero último, durante la última audiencia, la representación legal de la empresa indicó que ese monto no sería aumentado: “Nos dijeron que si no aceptábamos esa cantidad, nos iríamos a juicio”. 

La cifra fue determinada tras una valoración médica realizada por un especialista designado por la aseguradora. El afectado explicó que ese dictamen fue utilizado como referencia para calcular la compensación: “Según el representante legal de la empresa, son cuestiones del doctor, o el doctor dice que eso es lo que yo debería recibir, que eso es más que justo”.  

El monto contrasta con los gastos acumulados desde el accidente. Ramos calcula que tan solo en los primeros meses de recuperación su familia ya cubrió más de 200 mil pesos en costos relacionados con su atención y recuperación.  

En esa cifra se incluyen honorarios legales, traslados médicos, material de curación, dispositivos de apoyo como muletas o sillas de ruedas y gastos de manutención derivados de su incapacidad para trabajar.  

“Tan solo en salarios caídos, calculando el salario mínimo vigente, la pérdida de ingresos mía asciende a más de 70 mil pesos por estos ocho meses de incapacidad. Gracias a este accidente yo perdí trabajos y perdí mis ingresos; sin duda esto va a seguir así hasta que yo pueda recuperarme completamente”, lamentó.  

La situación económica se agrava porque los gastos cotidianos continúan mientras la incapacidad laboral se prolonga, mientras el caso sigue bajo revisión de un juez.  

De acuerdo con el denunciante, las autoridades judiciales tienen acceso a grabaciones del accidente en las que se observa al motociclista infringiendo una señal de tránsito al momento del impacto.  

Pese a ese contexto, aseguró que su intención no es que el conductor enfrente consecuencias penales graves, sino alcanzar un acuerdo que permita cubrir los daños ocasionados por el accidente: “Yo simplemente lo que quiero es que se haga justicia… no quiero destruirle la vida a una persona”. 

Su abogado, Enrique Guerrero, representante del Centro Xuma, explicó en otra entrevista que el principal conflicto radica en la negativa de Qualitas a reconocer lo que la legislación establece: “El principal problema es que la aseguradora no quiere atender el derecho de Hernaldo a la reparación integral del daño”. 

Afirmó que las consecuencias del accidente abarcan múltiples aspectos contemplados en la ley, entre ellos los gastos médicos, la incapacidad laboral y el impacto en la vida cotidiana de la víctima: “Le generó múltiples fracturas en la pierna, lo postró durante seis meses, lleva ocho meses en recuperación y todavía no está bien”. 

A la negativa de la aseguradora para asumir la reparación total del daño se suma un intento de “engaño” que, según el defensor, intentó perpetrar para deslindarse de la responsabilidad. Guerrero dijo que en los momentos posteriores al accidente, un representante de Quálitas intentó que la familia de Hernaldo Ramos firmara un desistimiento de cualquier acción legal, con la supuesta promesa de que la aseguradora se hará cargo de “todos los gastos”.  

El litigante consideró que esa estrategia forma parte de un intento por evitar el proceso judicial, y recordó que la reparación integral del daño es un derecho irrenunciable para las víctimas.  

También identificó una estrategia para dilatar el proceso, pues en caso de que continúe hasta juicio, la resolución podría tardar aproximadamente dos años debido a los tiempos judiciales: “Ese es el tiempo que se tendrá que esperar Hernaldo para recibir justicia”. 

El abogado advirtió que esa estrategia podría generar consecuencias legales para el propio motociclista: “Si no hay reparación del daño… puede ir hasta prisión”. 

¿Qué pasa después de ser víctima de un accidente vial en la capital?  

Además de la disputa legal, Hernaldo Ramos considera que el accidente refleja problemas más amplios relacionados con la educación vial y la regulación de los incidentes de tránsito en el país. A su juicio, muchas de las infracciones cometidas por motociclistas ocurren pese a la existencia de normas de tránsito que regulan su circulación. 

También opinó que existen vacíos legales en los mecanismos de protección para las víctimas de accidentes viales, particularmente en casos donde los responsables son menores de edad o cuando las aseguradoras no responden de manera inmediata: “Creo que sí, falta regular muchas cosas… muchas leyes en favor de las víctimas de incidentes viales”. 

Mientras el proceso continúa, Ramos permanece en recuperación y a la espera de una resolución judicial o de un acuerdo con la aseguradora.