CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A dos meses del desalojo de 19 familias del predio ubicado en la calle de República de Cuba 11, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, los afectados anunciaron que presentarán en próximos días una iniciativa ciudadana para reformar leyes y códigos locales y garantizar que los desalojos no vulneren derechos humanos ni se realicen de manera arbitraria. 

El campamento instalado frente al inmueble, en su mayoría conformado por personas de la tercera edad, ha denunciado actos de hostigamiento y un clima de inseguridad durante las últimas semanas, según reporta Fábrica de Periodismo.  

Residentes señalan que tanto funcionarios como elementos policiales han incurrido en conductas arbitrarias mientras esperan que las autoridades revisen la legalidad del desalojo, ocurrido el 27 de agosto. 

La iniciativa que promueven plantea modificaciones a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el Código Civil y Penal locales, y la Ley Registral capitalina.  

Los afectados buscan la tipificación del “despojo simulado” –cuando se usa infraestructura institucional para disfrazar desalojos–, la obligación de que los jueces verifiquen la legalidad del proceso y la protección de los derechos humanos, así como que los desalojos sean considerados la última opción. 

Además, la propuesta establece que, en caso de fraude procesal para apropiarse de un inmueble, el predio pueda ser destinado a vivienda social, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), y que cualquier desalojo cuente con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Previo a la ejecución, las personas afectadas deberán ser notificadas con tiempo razonable y el gobierno capitalino deberá publicar la orden en la Gaceta Oficial. 

Para impulsar la iniciativa, los vecinos planean organizar foros con activistas y académicos, así como una recolección de firmas para que el Congreso de la Ciudad de México considere la propuesta.  

El caso de Cuba 11 pone de relieve las tensiones existentes entre la protección de derechos individuales, la aplicación de la ley y la política de vivienda en la Ciudad de México.