CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno, Martí Batres, mando al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa conocida como "Ley Michelada", para penalizar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

A menos de un mes de que termine su mandato, el dirigente capitalino envío la iniciativa mencionada junto con otras tres, que son en materia de renta de viviendas del Programa de la Reconstrucción, un nuevo límite sobre las aplicaciones de hospedaje temporal -Airbnb-, y para reafirmar el concepto de responsabilidad social del Estado en la Constitución de la Ciudad de México. 

Sobre la "Ley Michelada", la iniciativa promovida por Batres propone que la venta de bebidas alcohólicas en vía pública sea considerada una infracción contra la seguridad ciudadana, para que sea sancionada con una multa de hasta 30 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), un arresto de 36 horas o trabajo comunitario, con excepción de establecimientos ubicados dentro de ferias, romerías o festividades, que cuenten con los permisos correspondientes, emitidos por las instancias administrativas competentes. 

Además, plantea de seis a 12 años de cárcel para los propietarios y responsables de locales o construcciones que quebranten sellos de clausura y de suspensión de actividades. 

Sobre la vivienda

Dos de las iniciativas que mando Batres van en materia de vivienda, una de ellas, plantea modificar el Artículo 26 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, con el objetivo de que un porcentaje de los inmuebles reconstruidos por el Gobierno capitalino puedan ser rentados, comercializados o vendidos. 

La otra iniciativa propone modificar la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral, para así poner un límite a la renovación del registro de inmuebles que se dediquen a dar hospedaje temporal, como es el caso de aquellos que forman parte de Airbnb. 

De acuerdo con Batres, una vez que estos inmuebles hayan presentado una ocupación de más del 50% de las noches del año, ya no se podrán renovar: "Por exceder el porcentaje anual de ocupación establecido, podrán registrarse nuevamente pasado un año de la negativa". 

Lo anterior tiene la finalidad de dotar de certeza jurídica la ocupación de los inmuebles en los programas de vivienda de carácter popular, social y en arrendamiento. 

La iniciativa establece que las viviendas que forman parte del Programa de Reconstrucción no pueden ser utilizadas con otros fines que no sean los previstos en el programa, es decir, que no podrán ser utilizados para los esquemas de estancia turística eventual. 

En tanto, Batres envío otra iniciativa en la que busca que el ejercicio del poder se organice conforme a las figuras de democracia directa, por medio de una modificación al Artículo 3 de la Constitución de la CDMX.