CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con el respaldo de la excandidata presidencial y el excandidato a la jefatura de Gobierno de la oposición, Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, respectivamente, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que ya circula en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) el proyecto de anulación de la elección en su demarcación. 

En la entrada del TECDMX, simpatizantes de la aliancista colocaron, de manera simbólica, un letrero con la leyenda “Clausurado”, frente al cual pusieron un cajón de madera al que se subió Rojo de la Vega a hacer un llamado a los magistrados para que respeten la voluntad popular y pasen a la historia como mujeres y hombres institucionales, en lugar de autócratas cómplices del delito: “Están ante una oportunidad histórica”. 

Una vez más, acusó al magistrado presidente del Tribunal, Armando Ambriz, de favorecer la impugnación de Morena por un supuesto compadrazgo con Ricardo Monreal, actual líder de Morena en el Senado de la República y próximo coordinador del partido oficial en la Cámara de Diputados: 

“Vengo a denunciar frente a su sede, para que me escuche bien y el magistrado presidente Armando Ambriz, el compadre criminal de esta familia (Monreal), que están circulando un proyecto para anular la elección en Cuauhtémoc, violando la ley y pasando por encima de la voluntad ciudadana, todo por cumplir con el encargo de la familia real.” 

Desde el pasado 2 de junio, Catalina Monreal –excontrincante de Rojo de la Vega– y Morena promovieron impugnaciones argumentadas en un supuesto exceso en el tope de gastos de campaña de la opositora, además, solicitaron un recuento total de los sufragios, aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que solo se realizara un recuento parcial. 

La también activista resultó favorecida en los casos mencionados, sin embargo, ahora enfrenta la posible anulación de la elección por una queja interpuesta contra ella por su presunta responsabilidad en ejercer violencia política de género contra Catalina Monreal. 

Sobre lo anterior, este martes, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que no hubo violencia política de género: 

“La violencia política en razón de género es cuando a ti como mujer te impiden llegar a un cargo político por el hecho de ser mujer, o te impiden ejercer el cargo político, pero ahora pareciera que decirte ‘corrupta’ ya es violencia política.” 

Entonces, haciendo énfasis a su apoyo para la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, advirtió que no permitirán que se les arrebate el triunfo: “Existe la Sala Regional y la Sala Superior”. 

Lo mismo manifestó Taboada, quien salió en defensa de Rojo de la Vega: “Si con alguien se metieron, si a alguien le pusieron el aparato del gobierno de la ciudad en su contra, si a alguien violentaron, fue a la que será nuestra próxima alcaldesa en la Cuauhtémoc. Y con todo y eso, les ganó en las urnas”. 

En el acto, la aliancista también contó con el respaldo de Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México, de diputadas y diputados de oposición, así como de Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Respuesta de Catalina Monreal

Después del pronunciamiento de la oposición frente al TECDMX, la excontrincante de la alcaldesa electa publicó en su cuenta de X una réplica a las declaraciones de Gálvez: “Miente. Lo hace para afectar el orden institucional que las feministas hemos construido. Le invito a revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en específico los Art. 20 bis y Ter.”. 

Dicho artículo dice:

“-La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.