CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las manifestaciones de madereros que se oponen al cierre de sus negocios durante los operativos en contra de la tala ilegal, la Secretaría de Gobierno (Secgob) anunció que revisará el “estatus jurídico de cada uno de los establecimientos” que fueron suspendidos por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

La mañana de este martes, decenas de madereros se instalaron frente al Palacio Nacional para exigir la reapertura de sus negocios que fueron cerrados durante los operativos en contra de la tala clandestina, debido a que, aseguran, cuentan con la “documentación administrativa correspondiente”.

En un comunicado posterior, la Secgob detalló que en una mesa de trabajo realizada con personal del Invea y los “agremiados”, acordaron que la revisión se hará en cada uno de los casos con base en la lista que integrará el instituto que dirige Felipe de Jesús Reyes Cruz, “la cual incluirá los establecimientos que se encuentran en suspensión de actividades”. 

En dicho encuentro, las autoridades aclararon a los comerciantes que la suspensión de las actividades se debe a un proceso de verificación en materia de desarrollo urbano realizado por dicha dependencia.

Agregó que, en el proceso de revisión, alrededor de 59 madererías de las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco y Cuajimalpa no pudieron acreditar el certificado de uso de suelo para la venta de madera ni el espacio que sus negocios ocupan para esta actividad. 

La dependencia que dirige Ricardo Ruiz Suárez anunció que seis madererías ya han cumplido con el procedimiento de “substanciación”, por lo que “podrían ser reabiertas en los próximos días”.

También hizo un llamado a “este tipo de negocios” para mantener en “regla la documentación correspondiente”.

Protestas y operativo contra la tala

El 16 de junio, miembros de la Asamblea General de Comuneros de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, bloquearon la carretera México-Cuernavaca para protestar contra la tala ilegal y exigir a las autoridades mayor presencia de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la zona.

Desde entonces, las autoridades capitalinas, en coordinación con las del Estado de México, Morelos y algunas dependencias federales, como la Guardia Nacional (GN), iniciaron una persecución contra los grupos de talamontes.

Entre los principales instrumentos de estas acciones se encuentra el “Operativo Histórico” contra la tala clandestina, realizado del 6 de julio al 3 de agosto en Morelos, cuyos resultados fueron un detenido, 13 aserraderos clausurados y otros nueve asegurados.