CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, se dijo dispuesta a “pagar el precio” de su no ratificación en el Congreso de la Ciudad de México con tal de que “prevalezca la justicia y el combate a la corrupción”, en particular por la investigación sobre irregularidades inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN.

En una inusual conferencia convocada afuera de un edificio de la avenida Insurgentes Sur 1774, adelantó que dicha indagatoria continúa y que pronto se dará a conocer el nombre de otros cinco exservidores públicos “con niveles altos y mandos medios” que también son investigados.

Cuestionada si entre esas personas está Santiago Taboada, alcalde con licencia temporal y aspirante a la candidatura de la oposición para la elección de Jefatura de Gobierno, alegó que, por ley, está obligada a guardar la secrecía.

La prensa insistió en que, si el panista está incluido en esa investigación, ello afectaría sus aspiraciones políticas, a lo que la abogada contestó: “Él (Taboada) pertenece a un partido político que está señalado por tener un modus operandi para robarle al pueblo de México. El pueblo lo dirá”.

La conferencia de Godoy Ramos fue convocada apenas una hora antes de la cita, afuera de uno de los edificios que Nicias René Aridjis y Luis Vizcaíno, exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez en anteriores administraciones panistas y quienes ya fueron sentenciados por enriquecimiento ilícito, entregaron a la Fiscalía local como parte de la reparación del daño dictada por el juez del caso.

En el lugar, la funcionaria aceptó contestar preguntas de la prensa, hecho inusual, pues comúnmente sólo difunde información en videomensajes grabados.

La presencia física de la fiscal ocurrió también luego de que, ayer por la noche, el PRI anunció que su voto en el pleno del Congreso capitalino irá en contra de su ratificación para quedarse cuatro años más en el cargo. Días antes, la bancada del PAN también anunció su voto en contra. Con ello, se confirmó que Morena y sus aliados aún no tienen los 44 de los 66 votos necesarios para ratificar a Godoy.

La red de corrupción

En la conferencia de esta mañana, Godoy recordó que la explosión de una lavadora en un departamento en la alcaldía Coyoacán en agosto de 2021 reveló la existencia de una “red de corrupción y de sobornos en la alcaldía Benito Juárez”.

Esa red, agregó, “fue puesta en marcha por diversas servidoras y servidores públicos que ocuparon altos cargos en esa demarcación, quienes ofrecieron permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente diversas propiedades”.

Añadió que, hasta el momento, la Fiscalía ha llevado a proceso a un exalcalde –Christian Demián “N”–, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora.

Luego, adelantó que otros cinco exservidores públicos “con niveles altos y mandos medios también son investigados”, así como otros dos contratistas.

Sin dar nombres, Godoy Ramos denunció que “varias de las personas imputadas buscaron impedir a toda costa que dejáramos de hacer pública su inmoralidad”, lo que generó que la FGJ local fuera “objeto de una especie de ley mordaza, de amparos mordaza”, que le impidieron legalmente hablar de las personas involucradas.

En la investigación que, acusó, “un grupo de destacados políticos quieren ocultar”, han sido asegurados 60 inmuebles, algunos de los cuales ya fueron entregados a la Fiscalía. Por ejemplo, dijo que el edificio donde fue la conferencia fue entregado a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y podría ser ocupado para la atención de víctimas del delito.

Por enésima vez, Godoy Ramos negó que la indagatoria sea una “persecución política o fabricación de culpables, tampoco es un espejismo”.

La fiscal acusó: “Lo que hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde 2015. Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”.

Denunció que hay “seudo servidores y servidoras públicas” que buscan “a como dé lugar, que yo no continúe investigando sus inmoralidades” y se soltó:

“Sabemos que esta acción del Ministerio Público ha molestado al partido de Acción Nacional, a sus dirigentes y a sus legisladores. Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad. Solo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político”.

En torno a su intención de quedarse en la FGJCDMX, dijo:

“Sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia”.

Y enfatizó:

“A quienes han manifestado públicamente que, como venganza política, no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar por que prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio.”

“Mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”, concluyó.