CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El amparo con el que Gabriel Eduardo “N”, presunto feminicida de María de Jesús Jaimes Zamudio “Marichuy”, pretendió evitar su detención, fue resuelto como “no procedente” por un juez del sistema tradicional de justicia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, por lo que continuará sujeto a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Este viernes, durante una audiencia para desahogar una promoción que el presunto feminicida solicitó para lograr su libertad, la autoridad judicial desestimó su intención, pues aseguró que no existe amparo que impida la detención por un delito tan grave como lo es el feminicidio. 

De acuerdo con Ana Paola Lara, cofundadora del Frente Nacional Ni Una Menos A.C., lo que el presunto feminicida intentó hacer fue probar que la detención que le realizaron fue ilegal, pues tenía un amparo vigente que impedía la aprehensión, “lo cual no es procedente, por eso es que se ejecuta la orden de aprehensión”.

Además, explicó a Proceso, el caso de María de Jesús Jaimes Zamudio, también conocida como “Marichuy”, es el primero que se acredita en la Ciudad de México como “feminicidio por precipitación”, y se reclasificó de lesiones o tentativa de suicidio, a feminicidio: 

“Es pionero en la figura de feminicidio en la Ciudad de México, es por eso que se tramita aún bajo el sistema tradicional, pero eso no implica que se reconozca el tipo penal”. 

Debido a la fecha en que se inició de la carpeta de investigación, en 2016, el proceso judicial del feminicidio de “Marichuy” se llevará bajo las reglas del sistema de justicia tradicional, y no por juicio oral, explicó Lara Paz, y añadió: “No podemos esperar los mismos tiempos de la misma tramitación que en un proceso oral, derivado de que no se está llevando bajo las mismas reglas”. 

También advirtió: “El problema es que el procedimiento tradicional admitía muchas prácticas dilatorias, que pueden retrasar por mucho tiempo el proceso para que él obtenga una sentencia, y en ese proceso se crean vicios”. 

La cofundadora de Ni una Menos enfatizó: “Es importante que desde ahorita en las declaraciones que realicen establezcan que no van a permitir ninguna práctica dilatoria, y que hacen un llamado al Tribunal a que se conduzca con estricto apego a las reglas vigentes y se respeten los derechos humanos de las víctimas”. 

Gabriel Eduardo “N” fue detenido por detectives de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Fiscalía General de Estado de Campeche, el pasado 3 de octubre en Ciudad del Carmen, a más de siete años del feminicidio de “Marichuy”. 

La joven era estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El 15 de enero de 2016, Gabriel Eduardo “N” y uno de sus profesores en dicha institución educativa, Julio Iván “N”, presuntamente la lanzaron desde el quinto piso del edificio donde vivía en la alcaldía Gustavo A Madero. 

La víctima perdió la vida el 24 de enero de 2016, tras sufrir heridas en cráneo, fracturas en la cadera y el fémur derecho. 

Ante el feminicidio de la joven, los implicados y testigos del ataque intentaron hacer pasar el hecho como un suicidio. 

Sin embargo, Yesenia Zamudio, madre de “Marichuy” y también fundadora del Frente Nacional Ni Una Menos, detectó inconsistencias en las declaraciones y en detalles como que tenía piel de sus agresores en las uñas y cayó parada: “Es terrorífico, son gente sin escrúpulos. Aunque mi hija no fue víctima solo del maestro y el compañero, sino de un contexto de violencia estudiantil que se acabó materializando en un feminicidio”. 

Cinco años después de la muerte de María de Jesús Jaimes Zamudio, en enero de 2021, la Fiscalía Especializada en Feminicidio reclasificó el delito de homicidio doloso a feminicidio.

Nueve meses más tarde, en septiembre, la Fiscalía capitalina giró dos órdenes de captura contra los presuntos feminicidas. 

El día que fue aprehendido Gabriel Eduardo “N”, el Frente Nacional Ni Una Menos publicó un comunicado en su cuenta de la red X, en el que sentenció: 

“El cumplimiento parcial de esta orden de aprehensión no es una concesión de la FGJCDMX, ni del poder judicial de la Ciudad de México, ya que ambas instancias han dilatado la procuración y administración de justicia en el caso”.