CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La chapa de plomo que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, pretendió colocar encima del tercer informe de la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 no duró ni una semana: ayer el diario español El País reveló los detalles del “reporte único de análisis causa-raíz (ACR) Fase III”, y este martes empezó a circular el resumen ejecutivo del informe.

Horas después de publicarse el reportaje de El País, firmado por Georgina Zerega, Sheinbaum acusó a DNV de filtrar el estudio y violar “el acuerdo de confidencialidad establecido en el contrato”. Tras denunciar una maquinación urdida por “grupos conservadores”, la política se dijo tranquila y anunció que su administración haría público el documento con comentarios a cada uno de los señalamientos.

Desde la mañana de este martes empezó a circular ampliamente el resumen ejecutivo “confidencial”, de 11 cuartillas, que los expertos de DNV entregaron al gobierno de la Ciudad de México en diciembre pasado.

En este documento, los expertos refrendaron sus observaciones iniciales –el tramo elevado se derrumbó debido a un mal diseño y una construcción deficiente–, imputables a la administración capitalina de Marcelo Ebrard Casaubón, ahora canciller y aspirante a la presidencia de México en 2024, y a la empresa constructora CICSA, del magnate Carlos Slim Helú.

Pero agregaron un elemento nuevo, que apunta a la gestión de Sheinbaum: la falta de inspecciones de rutina, durante las cuales los expertos hubieran visto que las estructuras estaban deformadas.

Sheinbaum y su secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, han afirmado en varias ocasiones que la falta de mantenimiento o de inspecciones no representaban una causa raíz del colapso, bajo el argumento de que no se puede culpar el mantenimiento por el derrumbe de una “cosa mal diseñada”, y que “ninguna inspección de mantenimiento pudo haber detectado fallas en el diseño”.

Los expertos observaron cuatro “barreras”, es decir, “las causas de raíz técnicas del evento mayor (el accidente)”, las cuales “de haber sido efectivas, habrían evitado el colapso del puente elevado”, evitado así la muerte de 26 personas en aquella noche del 3 de mayo de 2021, cuando el viaducto se cayó entre las estaciones Olivo y San Lorenzo Tezonco.

La primera “barrera” observada plantea que el diseño y la obra de los tramos elevados no cumplieron con los estándares de la Asociación Estadunidense de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO); la segunda “barrera” señala que “no se realizó la certificación de las obras de ingeniería civil”, y la tercera apunta a las “deficiencias significativas” en la instalación de pernos, con el 30% no instalados o instalados “tan pobremente que no existen indicaciones obvias de una soldadura residual”.

DNV ya había señalado estos elementos en sus primeros dos informes, de “opinión técnica preliminar” e “Investigación de causas inmediatas”. En ambos casos, personas y periodistas allegados al grupo político de Ebrard cuestionaron a la empresa noruega y sus conclusiones, pues el colapso de la obra emblemática del ahora canciller, apenas 8 años después de su inauguración y causando la muerte de 26 personas, podría convertirse en un obstáculo mayor para su carrera presidencial.

El gobierno de Sheinbaum defendió entonces la probidad de la empresa, pero cuando recibió el tercer informe de DNV, a finales de 2021, el secretario de movilidad Lajous rechazó la metodología y las conclusiones de los expertos sobre las inspecciones, pues señaló que el tema del mantenimiento había sido “sembrado” para atacar la administración capitalina actual, cuya jefa aspira también a la Presidencia de la República en 2024.

La cuarta “barrera” abarca los problemas posteriores a la entrada en marcha del Metro, hasta su colapso. Según los expertos, no se llevaron a cabo las debidas inspecciones de rutina, en las cuales los ingenieros hubieran detectado las deformaciones en el tramo elevado, visibles incluso en imágenes de Google Street View entre 2017 y 2020.

El pasado 4 de mayo, Sheinbaum descalificó el informe, al que tachó de “tendencioso y falso”, y denunció un supuesto “conflicto de interés” de la empresa, bajo el argumento de que su representante legal había presentado un recurso electoral contra la elección de López Obrador en 2012 y había trabajado en la administración de Enrique Peña Nieto –como subdirector en la Secretaría de Educación Pública (SEP), un cargo de burócrata de baja importancia–, señalamientos que DNV rechazó categóricamente.

La estrategia de la jefa de gobierno de esconder el informe tuvo los efectos totalmente opuestos a los esperados: actores de la oposición, rivales de Sheinbaum y periodistas empezaron a buscar el documento que tanta molestia causó en el gobierno capitalino. En cinco días, sus principales hallazgos estaban expuestos en uno de los periódicos más influyentes del país.