CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El despacho Regino Abogados, defensor de 15 exfuncionarios del Proyecto Metro, incluido su exdirector Enrique Horcasitas, interpuso este jueves una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las “inconsistencias en la investigación para conocer las causas del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro”, en el que murieron 26 personas y más de 100 resultaron lesionadas.

En un comunicado explicó que entre esas inconsistencias está la “contaminación de evidencias, delitos de corrupción y la notoria manipulación de la investigación”. Éstas, dijo, se constituyen en la violación a los derechos humanos de presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, en agravio de sus defendidos.

Según el despacho dirigido por Gabriel Regino, en la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha habido “falta de imparcialidad” y “vulneración a su autonomía” por parte de Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como por las “declaraciones emitidas por las autoridades al indicar que la causa de la tragedia fue una mala construcción de la obra”.

Esas aseveraciones, acusó la defensa, “han creado un efecto corruptor al colocar la idea de que quienes participaron en la construcción son culpables, sin una investigación imparcial, profesional y científica”.

Por esa razón, agregó que acudieron a la Comisión Interamericana “al ya no existir confianza en las autoridades de la capital del país”.

Regino Abogados sostuvo que solicitó medidas de protección “para que las autoridades locales eviten el hostigamiento, dañar la integridad y los derechos humanos de nuestros representados”.

El pasado martes 14, Gabriel Regino informó que denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la agente del Ministerio Público encargada de la investigación del colapso en la Línea 12, María de la Luz Alcántar Alcántar, a la gerencia de riesgos de DNV México y a la propia la DNV México, por los delitos de alteración de indicios de prueba y corrupción en la procuración de justicia.