CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso al Congreso de la Ciudad de México una serie de reformas legislativas para endurecer los castigos a los conductores responsables de accidentes de tránsito, en particular los choferes de transporte público de pasajeros que manejen alcoholizados o drogados, quienes podrían perder su licencia de manera definitiva y no podrán usar permisos de otras entidades federativas.
            
Así lo establece la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que el gobierno capitalino envió a los diputados locales para su discusión y, en su caso, aprobación. El objetivo, explicó la autoridad, es proteger a los usuarios, conductores y terceros, en este caso los transeúntes, y disminuir el número de accidentes de tránsito, así como los lesionados y fallecidos por esa causa.          

El documento también obliga a los concesionarios del transporte a que las pólizas de seguro de responsabilidad civil de sus unidades sean contratadas con empresas reconocidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y no con sociedades mutualistas, que muchas veces dejan desamparados a los usuarios por no garantizar el pago de la reparación del daño.

Además, establece la cobertura mínima del seguro --actualmente de 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o 224 mil 50 pesos-- de 50 mil UMA –unos 4 millones 481 mil pesos-- y 5 mil más, o 448 mil 100 pesos, por cada pasajero y el conductor. 

Según el proyecto de decreto, esos montos fueron revisados con la mencionada Comisión y la Asociación Nacional de Instituciones de Seguros y Fianzas (AMIS).

Otra de las modificaciones propuestas es la revocación de la concesión y permisos de las unidades, y se aplicará cuando haya un suceso de muerte ocasionada por el conductor o si tiene tres sucesos de lesiones.

Sanciones a particulares

Respecto a los conductores de autos particulares, el gobierno local propone que quien conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas sea sancionado con 180 UMA --equivalentes a unos 15 mil 998 pesos--, además de que el auto deberá ser llevado al depósito vehicular, sin opción a que alguien sobrio se lo lleve a su casa. 
        
Si lo hace por segunda ocasión, se le retirará la licencia de manera definitiva y estará obligado a asistir a un programa de rehabilitación. En tanto, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tendrán que quitarle la licencia o permiso de conducir en el momento de la detención.
           
 Y propone incluso que todos los vehículos automotores cuenten con una póliza de seguro. 

Al mismo tiempo, el gobierno capitalino propone el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada para pagar el costo del pasaje y otros servicios de los Centros de Transferencia Modal (Cetram), como el acceso a sanitarios.
            
De igual manera, se transforma al Órgano Regulador de Transporte (ORT): de órgano desconcentrado a organismo público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Movilidad (Semovi), para darle personalidad jurídica y patrimonio propio. 
            
Según el documento, en 2019 murieron en las zonas urbanas 4 mil 125 personas y resultaron lesionadas 91 mil 713 por accidentes de tránsito. En la exposición de motivos, Sheinbaum aseguró que los accidentes viales son problema de “salud pública”, pues representan la séptima causa de muertes en la Ciudad de México y la segunda en cuanto a población de entre cinco y 29 años de edad.