CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el inicio de la pandemia en México a la fecha, la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc) ha recibido alrededor de 10 mil denuncias por “fiestas-Covid” en unidades habitacionales, aseguró su titular, Patricia Ruiz.

Sin embargo, dijo que hasta el momento ningún habitante ha sido sancionado ni penal ni administrativamente; solo ha sido clausurado un gimnasio que funcionaba sin autorización y ello fue a petición de la Agencia de Protección Sanitaria.

En videoconferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que la Prosoc recibe “muchas llamadas y quejas” por la realización de fiestas privadas, pese al llamado de las autoridades a no hacerlas para evitar más contagios de covid-19.

Agregó que la Procuraduría se debe coordinar con el C5 y el número de emergencia 911 para atender esas quejas, pues esa dependencia no opera las 24 horas del día y la mayoría de las fiestas son en la noche. Comentó que, hasta el momento, el C5 no le ha hecho ninguna solicitud para seguir algún procedimiento administrativo.

La procuradora dijo que las quejas se han resuelto por la vía del diálogo y no han derivado en ninguna sanción.

Irregularidades y clientelismo en gestión anterior

Patricia Ruiz informó que, en 2018, cuando recibió las riendas de la Prosoc, halló diversas irregularidades en su administración en el programa de atención a las unidades habitacionales.

Por ejemplo, dijo, había un rezago desde el 2016 en la atención de los conjuntos habitacionales. Al iniciar este gobierno, detalló, solo se había entregado el anticipo del programa.

“Con este rezago se propició mucha irregularidad, porque los vecinos no eran atendidos a tiempo, 33 empresas atendiendo 600 unidades habitacionales. O sea, no había la atención adecuada, no se promovía la participación comunitaria y se propiciaba el clientelismo, aseguró.

Y añadió: “Se favorecía a grupos políticos para que fueran éstos los que decidieran el manejo y el destino de los recursos”.

La funcionaria dijo que el padrón de 33 empresas en 2018 creció a 240 para 2020 para agilizar la aplicación de los recursos, ampliar la derrama económica y generar más empleos.

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