CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Julio César Serna Chávez, exjefe de gabinete y amigo desde la infancia de Miguel Ángel Mancera, promovió dos juicios de amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva justifica que le impuso un juez de control por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Los amparos también intentan frenar el aseguramiento de inmuebles y el “congelamiento” de cuentas bancarias a su nombre o de sus familiares, acciones que responden a la investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) hace sobre su paso y el de su hermano Luis Ernesto por la administración mancerista.

El también exdirector de la Central de Abasto (Ceda) impugnó la decisión del Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce del Tribunal Superior de Justicia local (TSJCDMX), quien el pasado 29 de noviembre le impuso prisión preventiva y ordenó la inmovilización de cuentas y activos contenidos en el sistema financiero mexicano.

No obstante, de acuerdo con reportes judiciales, el juez le negó la suspensión con el argumento de que omitió aclarar a qué cuentas bancarias se refiere, el banco al que pertenecen y en dónde fueron abiertas. Entonces, la autoridad le dio un plazo de cinco días, a partir de su notificación, para que proporcione tales datos. 

Serna Chávez también pidió frenar el aseguramiento del departamento ubicado en la calle Dakota, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, el pasado 9 de diciembre. Sin embargo, el juez le negó la suspensión provisional, pues si le concede la petición “se contravendrían disposiciones de orden público e interés general”, pues el inmueble podría “constituir el producto u objeto de un delito” de interés público.

El exfuncionario, uno de los más cercanos al actual senador de la República, fue detenido el pasado 28 de noviembre por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Al siguiente día, el juez le dictó prisión preventiva justificada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. 

El pasado 3 de diciembre fue vinculado a proceso y la autoridad dio seis meses para terminar la investigación complementaria. Seis días después, autoridades judiciales y policiacas realizaron cateos simultáneos en tres domicilios relacionados con la investigación, ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón.