CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios, ejecutado el pasado viernes en la colonia Nápoles, estaba relacionado con una de las empresas fantasma contratadas por la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera, misma que habría participado en el “lavado” de casi mil millones de pesos.

“Les puedo adelantar también que un empresario que recientemente fue privado de la vida está involucrado con esta investigación. Está vinculada una de las empresas a las que él pertenecía con esta investigación de fraude de mil millones de pesos al erario público”, dijo en videoconferencia.

La mandataria local recordó que, por ese fraude, existen investigaciones de la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), además de que ya hay personas en la cárcel, entre ellas el subsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Vásquez Reyes, preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde febrero del 2020 por los delitos de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal.

El 29 de diciembre pasado, un juez de control le dictó una segunda vinculación a proceso, así como a Hedilberto Chávez Gerónimo, quien fue director general de Administración en la Secretaría de Finanzas.

Sheinbaum Pardo añadió: “Hay distintas órdenes de aprehensión conforme sigue la investigación. Y pronto va a sacar también la propia Fiscalía General (el) vínculo con empresas fantasmas asociadas a este fraude que se cometió al gobierno de la ciudad y a la ciudadanía”. 

De paso, dijo que, tanto la Secretaría de la Contraloría General como la Fiscalía capitalina han detectado diversos actos de corrupción “que están vinculados con servidores, bueno, no son servidores públicos, son delincuentes que trabajaron en la administración anterior”.

El pasado 23 de enero, un día después de la ejecución del empresario Martín Rodríguez y de su escolta, el policía bancario David González Álvarez, en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, la FGJCDMX informó que investigaba la “posible relación” entre el empresario con una de las empresas fantasma contratadas en el gobierno de Mancera Espinosa.

El vocero, Ulises Lara, agregó que el homicidio fue una agresión directa y reveló que la Secretaría de Finanzas de la administración mancerista contrató a su empresa fantasma y le pagó 406 millones de pesos en 2018 para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pese a que la dependencia tenía el personal y la infraestructura para realizar esa labor.

“En la indagatoria se señala que tres despachos contratados, entre ellos al que hoy se hace referencia, no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente devolvieron los entregables correspondientes, con la finalidad de justificar su supuesta labor”, afirmó.

El fraude millonario 

Reportes publicados por El Universal y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que, según una “investigación federal”, a finales de 2017 y en el primer trimestre de 2018, en la Secretaría de Finanzas de la administración de Miguel Ángel Mancera y su sucesor, José Ramón Amieva, se implementó un esquema de lavado de dinero por casi mil millones de pesos.

Este esquema funcionó mediante cuatro contratos con un valor total de 976 millones de pesos que hizo la Secretaría de Finanzas. Esas cuatro empresas se relacionan con otras ocho –12 en total– por direcciones, socios y números telefónicos. Los contratos eran para realizar la solicitud de devolución de los pagos del ISR retenido a los trabajadores. No obstante, se halló que esa función se hacía de manera interna en la Secretaría y sin costo alguno desde 2014.

De acuerdo con los reportes, las 12 empresas movieron más de mil 500 millones de pesos entre ellas en el año 2018, con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas bancarias, una de ellas, incluso, radicada en Ginebra, Suiza.

La investigación asegura que ese patrón de movimientos de dinero es propio de “esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos”. Y subraya que Martín (o Martiniano) Rodríguez Sánchez, ejecutado la semana pasada, y Rigoberto Contreras Cortés, participaban en las empresas involucradas.

Del primero, detalla que era presidente del Consejo Internacional de Empresarios y accionista de JBGG Investment, empresa que tiene la misma dirección que JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y que una tercera empresa, Proyectos Complejos de Atlántico SCP. 

Esta última recibió depósitos entre agosto de 2017 y junio de 2018 por 327 millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters SA de CV. Proyectos Complejos de Atlántico SCP recibió también en el mismo periodo 136 millones de pesos de Profesionistas Moliel SA de CV, una de las empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas con un contrato adjudicado el 18 de mayo de 2018 por 290 millones y un servicio de ocho días.