CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque tardíamente, las autoridades capitalinas dan cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de esta capital (CDHDF) por el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, la joven asesinada en el campus universitario hace dos años. Ahora le correspondió a las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) ofrecer una disculpa pública a los familiares de la víctima por prácticas inadecuadas en la necropsia de ley, como documentó en su momento la CDHDF. Ante Araceli Osorio, madre de Lesvy, la titular de la CDHDF, Nashieli Rodríguez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, magistrado Rafael Guerra, el director del Incifo,  Felipe Takajashi Medina, dijo: “A nombre del Instituto de Ciencias Forenses, y de quienes intervinieron en la práctica de la necropsia de Lesvy Berlín Rivera Osorio; mujer mexicana, hija, nieta, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y amiga de muchas personas ofrezco nuestra más sincera y sentida disculpa a su familia por las violaciones a derechos humanos que cometimos en su agravio”, dijo. Sin rodeos, reconoció que en el caso hubo falta de la debida diligencia, se omitió tratar al cuerpo de Lesvy con dignidad y respeto, así como realizar la necropsia con minuciosidad, perspectiva de género y en apego a los lineamientos de la guía técnica para la elaboración de necropsias en casos de feminicidio, lo que puso en riesgo el derecho de su familia de acceder a la verdad y a la justicia. Asimismo, reiteró su compromiso de establecer mejores prácticas en la realización de las necropsias y en el combate a la impunidad, pues afirmó, que el Incifo se asegurara de que se investiguen y sancionen las acciones u omisiones los servidores públicos que obstaculicen el acceso a la justicia para las mujeres para que no haya más víctimas. En respuesta, la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, aceptó la disculpa pública “con la salvedad de que se cumpla la palabra hoy empeñada”, la cual espera que genere una gota de esperanza en las familias de las víctimas y agregó: “A nombre de ella, de su digna memoria reclamamos el Incifo verdad, rectitud, mística en su trabajo porque hay una deuda incontable especialmente para con las mujeres víctimas de violencia feminicida. Les exigimos su expertes reflejada en necropsias impecables que nos proporcionen a las sobrevivientes que ahora somos sus representantes argumento suficiente, prueba contundente, irrefutable, de que no, ¡No fue suicidio, fue feminicidio!” Además, Araceli Orozco recordó al personal médico que el cuerpo de las mujeres víctimas de feminicidio es la única prenda que han dejado como testigos de los que paso en los crímenes que les arrebataron la vida, tal como sucedió con su hija, la madrugada del 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Por ello, pidió a los forenses asumir la importancia de su labor, cuyo resultado será la primera pieza para el “armado de rompecabezas” que llevará a la verdad y a la justicia de manera sensible, consiente y humana. Durante la ceremonia, la activista Irinea Buendía Cortés, quien fungió como testigo, señaló el mal desempeño de las fiscalías, la deficiencia de sus investigaciones, así como la de los peritos forenses por desconocer el protocolo a seguir y a quienes tildó de “viles carniceros”, pues ni siquiera, apuntó, utilizan instrumental quirúrgico. “El médico forense se asume como vil carnicero a descuartizar el cuerpo sin el más mínimo respeto y ni siquiera con él mismo como persona sin asumir que algún día puede ser tratado de la misma forma sin considerar que tienen hijas esposa, hermanas, porque todos y todas tenemos familia”, fustigó. La declaración de la activista que desde hace ocho años busca justicia para su hija Mariana Lima, despertó la indignación del personal médico forense presente en el auditorio “Dr. Miguel Gilbon Meitret”, quienes, al término del evento, se apresuraron para interceptar al magistrado Rafael Guerra, presidente del órgano Judicial, a quien pidieron una audiencia urgente para exponer irregularidades en el instituto. Aunque no quiso dar más detalles sobre las irregularidades mencionadas, el perito médico forense, Iván Escartín Garrido, calificó como ofensivos los señalamientos de la activista y apeló al profesionalismo del personal del Incifo. “A nombre de todo el personal médico de este instituto manifiesto de manera verbal, que me siento ofendido por lo sucedido allá adentro, por eso estoy solicitando la audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia”. Tras la molestia de los médicos, Araceli Orozco aseguró que la mala práctica de los médicos durante la necropsia  impidió el deseo de su hija de ser cremada, pues al realizar el dictamen de manera incompleta los padres de la joven tomaron la decisión de sepultarla en caso de requerir la exhumación del cuerpo para realizar las diligencias necesarias. En la recomendación 2018/1 expedida por la Comisión de derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) quedaron asentadas las omisiones por parte de personal médico del INCIFO, quienes no precisaron el tiempo aproximado de la muerte, la mecánica de producción de temporalidad de las lesiones y no tomó fotografías a todas las lesiones externas e internas, y las fotografías que si fueron tomadas no son nítidas. De igual forma, en una ampliación del dictamen, el médico responsable corrigió el tamaño del surco único ubicado en el cuello de la víctima, al pretextar que por “un error mecanográfico” se asentó que era de seis milímetros en lugar de 40 milímetros; y reconoció diversas omisiones y errores respecto a las lesiones. Además, no se recabaron muestras ginecológicas, no se recabó la muestra de referencia del imputado luego de que se encontrara evidencia de que las muestras recabadas en el teléfono pertenecían a una persona del sexo masculino; y argumentando “autonomía técnica” los peritos se negaron a seguir la metodología reseñada por el Observatorio Ciudadano Nacional de feminicidio para la investigación de estos crímenes. Derivado de las investigaciones realizadas por los peritos forenses del INCIFO se determinó que la causa de muerte de Lesvy Berlín Osorio había sido suicidio, cuyo caso fue reclasificado en octubre de 2017 por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como feminicidio agravado. Al acto de disculpa pública asistieron el señor Lesvy Rivera y la señora Araceli Osorio, padres de la víctima; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y Nashieli Rodríguez, titular de la Comisión de los Derechos Humanos capitalina.