CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después del derrumbe parcial registrado ayer por la mañana en la plaza Artz Pedregal, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX), pidió la opinión del Instituto para la Seguridad de las Construcciones capitalino para fortalecer los peritajes y las causas del colapso. Del mismo modo, la Procuraduría revisa la documentación enviada por las autoridades de delegación Álvaro Obregón en relación al inmueble y también consultó a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), así como al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) sobre el procedimiento de construcción del inmueble para continuar con la investigación correspondiente. Mediante un comunicado, la PGJ-CDMX informó que, tras las primeras diligencias, de forma preliminar se establece que el dañó ocurrió “en la estructura de la zona nor-oriente, que comprende la fachada B y pasillo denominado cantiliver”. Dicho colapso habría ocurrido por un sobrepeso originado en la terraza localizada en el último nivel de la plaza, donde también se encontraba una jardinera perimetral. La dependencia también informó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Protección capitalina para el retiro de los escombros y reabrir a la circulación las vialidades de la zona, a la brevedad. Comuneros exigen devolución del predio Una docena de representantes del Consejo Consultivo Comunal de La Magdalena Contreras acudieron a las inmediaciones de la plaza para manifestarse y exigir la devolución del predio. Los comuneros también señalaron que el agua que abastece dicha plaza proviene del Río Magdalena y, mediante la corrupción, el afluente es desviado hasta el Pedregal. Ángel Juárez Palma, líder del comisariado de bienes comunales de la Magdalena Contreras, instancia que agrupa a mil 789 comuneros, refirió contar títulos virreinales que datan de 1712, al igual que un códice fechado en 1535 que acreditan la propiedad del terreno. Expuso que los representantes legales del grupo Sordo Madaleno, empresa constructora del centro comercial, no han reconocido la legitimidad de dichos documentos.