CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia y la Contraloría General capitalinas, presentarán un recurso de revisión al amparo concedido a exservidores públicos de la Secretaría de Obras y Servicios acusados de uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de la Línea 12 del Metro. Los exfuncionarios son Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra, subdirector de Costos y Concursos y Jefe de la Unidad Departamental de Concursos, respectivamente, quienes continuarán inhabilitados por 15 años para ejercer cualquier cargo público. La PGJ y la Contraloría capitalinas buscarán que el recurso de revisión sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia. Y es que la Procuraduría capitalina indicó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no consideró ilícito que los servidores públicos hayan emitido una opinión favorable para adjudicar directamente un contrato de supervisión de obra. Según la autoridad representa un “claro fraude a la ley”, pues gracias a esa opinión se llevó a cabo el contrato por adjudicación directa de la supervisión de una obra que no se iba a realizar. En 2014, la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras inició un procedimiento administrativo contra el exsubdirector de Costos y Concursos, y el exjefe de Unidad Departamental de Concursos, de esa dependencia, por irregularidades en la construcción de una la Policlínica en la Línea 12 que va de Tláhuac a Mixcoac- a pesar de que la licitación había sido declarada desierta. La asignación de ese contrato a favor de una empresa, fue por un monto de un millón 70 mil 520 pesos con 13 centavos, para la supervisión de la construcción del “Proyecto Integral para la construcción de la Policlínica Tláhuac-Mixcoac”. Por ese hecho, la Contraloría dio vista a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina, “toda vez que los hechos materia del procedimiento de responsabilidades también podrían ser constitutivos de ilícitos cometidos por ambos exservidores públicos”. En materia penal, el agente del Ministerio Público ejerció acción contra ambos funcionarios por el delito de uso ilegal de atribuciones, por lo que fueron procesados y sentenciados por la Tercera Sala Penal de la ciudad de México, a una pena de prisión de un año 15 días, la cual se conmutó por una multa, además de una inhabilitación de seis años y seis meses. Sin embargo, los servidores públicos promovieron un amparo ante un Tribunal Colegiado que determinó concedérselos y dejar sin efecto la condena. Ante esa situación, la PGJ y la Contraloría analizan la procedencia de un recurso de revisión del cual conocería la Suprema Corte, si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia.