MÉXICO, D.F. (apro).- La oposición a la construcción del doble túnel en Mixcoac crece: nueve organizaciones civiles y de vecinos de la delegación Benito Juárez presentaron denuncias populares ante autoridades ambientales locales y federales para que investiguen el impacto ecológico de la obra, las presuntas violaciones a la normatividad vigente y la tala de 150 árboles el pasado 8 de marzo. En un comunicado, informaron que las denuncias fueron dirigidas este viernes a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT). El propósito: realizar una verificación técnico-administrativa para determinar si el Dictamen de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del gobierno capitalino para la “Fase 2 Deprimido Vehicular Insurgentes Mixcoac”, se otorgó conforme a lo que establecen la legislación y las normas ambientales. Las asociaciones Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Conciencia y Dignidad, Vive BJ, AnimaNaturalis, Vecinos del Parque Hundido, Organi-k, Residentes de Actipan y Residentes de Insurgentes Mixcoac, pidieron también que ambas procuradurías verifiquen si lo avalado “garantiza el menor daño posible al ambiente y al equilibrio ecológico de la Ciudad de México”. Además, demandaron formular un dictamen técnico sobre los daños y perjuicios ocasionados al medio ambiente y al ecosistema por el derribo de 150 árboles la madrugada del pasado domingo 8 de marzo, además de informar si la tala estaba justificada o si se pudo evitar con la modificación del proyecto. Según la denuncia, la construcción del deprimido está vinculada a los proyectos denominados “Torre Mítikah” y “Torre Manacar” en un proyecto común. Ello, dijeron, “hace cuestionable el interés público y la necesidad real de llevar a cabo una obra pública de esta naturaleza”. Los denunciantes destacaron que en sólo 27 días, “tiempo récord”, se obtuvo una autorización de la Sedema para la obra. Además, acusaron que no hubo retroalimentación entre las autoridades ambientales y el responsable de la obra ni se realizó consulta vecinal. Con ello, dijeron, se violó la ley ambiental y de protección a la tierra del DF. Según las organizaciones y los vecinos, la obra provocará un impacto ambiental y urbano al entorno, particularmente a la población de las colonias Acacias, Florida, Actiapan, Crédito Constructor, Mixcoac, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Merced Gómez, Del Valle y Xoco. Las afectaciones podrían ser en la escasez del suministro de agua potable, congestionamientos viales, aumento del emisiones de monóxido de carbono, retiro de señalamientos viales y alumbrado público, tala de árboles, demolición de guarniciones y banquetas, excavaciones, generación de residuos sólidos, ruido, degeneración de las áreas naturales y afectación al ecosistema de la zona. La mañana del pasado domingo, vecinos de la zona de Mixcoac realizaron un bloqueo vial en protesta por la tala de árboles realizada la madrugada de ese día en el camellón de Río Churubusco. Decenas de granaderos de la policía capitalina los desalojaron sin importar que estuvieran mujeres y niños. El lunes siguiente, los secretarios de Gobierno, Héctor Serrano; de Medio Ambiente, Tanya Müller; y el todavía de Obras y Servicios, Alfredo Hernández, dieron una conferencia para justificar la obra. Serrano Cortés advirtió que escucharían a los vecinos inconformes, pero reiteró que la obra seguiría en pie y advirtió que si continuaban los bloqueos sin apertura al diálogo, el gobierno usaría, otra vez, la fuerza pública. El miércoles 11, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, trató de enmendar la declaración del secretario al decir que la obra se suspendía en el tramo cuestionado hasta que los vecinos “estén perfectamente informados”. Aclaró que la obra continuaría en sus otras etapas. Ayer, durante una reunión realizada por la noche, vecinos reiteraron al gobierno capitalino su rechazo a la obra. Además, convocaron a un encuentro este sábado a las 11 de la mañana en el reloj del Parque Hundido para conformar la llamada “Coordinadora de Resistencia Civil Ciudadana” contra la “política ecocida” y el impulso de “obras irregulares” en la ciudad por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera.